Siete meses después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió al juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, por la investigación que comenzó a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito por 50 millones de pesos, el órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial Federal (PJF) no ha concluido la indagatoria contra el impartidor de justicia, revelaron fuentes judiciales.

A decir de abogados cercanos a Tovilla, quienes pidieron no mencionar sus nombres, el juzgador ha presentado a la Judicatura documentos contables, financieros y bancarios que demuestran que la evolución patrimonial del impartidor de justicia ha sido acorde con su salario y negocios que tiene desde hace una década.

Son ya siete meses de indagatoria y el CJF no ha resuelto nada. Se han aportado varias pruebas que favorecen al juez, pero no hay resultados. Es tiempo de que la Judicatura emita un resolutivo, porque a Tovilla se le está impidiendo trabajar, con las afectaciones económicas que eso conlleva, expresó uno de los abogados que asesoran al juzgador.

El CJF argumentó en su momento que la suspensión de Tovilla fue para facilitar la fiscalización del juzgado. Aunque sostuvo que sería temporal, no hay límite y se mantendrá durante el tiempo que sea necesario para agotar la investigación y emprender las acciones que resulten necesarias.

Desde que el CJF decidió suspender al juez, el primero de julio pasado, la Judicatura ha recibido la comparecencia de Tovilla y de personal del juzgado noveno de distrito en materia administrativa. Asimismo, información confidencial sobre las finanzas del juzgador que ha sido enviada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Tovilla tiene 25 años de carrera en el Poder Judicial de la Federación.

Entre los casos más relevantes que ha llevado está el del predio El Encino. Ordenó al Gobierno del Distrito Federal devolver el terreno a una empresa, en el pleito legal que en 2005 condujo al desafuero del perredista Andrés Manuel López Obrador.

En 2006 falló en favor de otorgar los permisos para construir la torre en Pedregal 24, en Las Lomas, la cual ha sido cuestionada por los vecinos.

En mayo de 2010 otorgó un amparo a la empresa Iusacell, en el cual declaró que la licitación 21, para frecuencias del espectro radioeléctrico, fue ilegal. El amparo fue desechado por un tribunal colegiado.

Sobre el caso del secretario Esiquio Martínez Hernández, un reporte que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que la Procuraduría General de la República (PGR) agregó en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/23/2011, con la cual llevó a la cárcel al secretario por enriquecimiento ilícito, señala que el juez Tovilla depositó 122 mil 400 pesos a su colaborador.

La secretaria del mismo juzgado, Claudia Elena Arroyo Sotelo, también depositó a Martínez Hernández 96 mil pesos, repartidos en siete entregas, entre marzo y diciembre de 2010.

Además, la PGR y la SHCP tienen documentado que los litigantes Santiago Francisco Rosano Torres, Germán Gustavo Maldonado Santizo, Alberto Campbell Farell y Manuel Corona Artigas depositaron 914 mil pesos al secretario entre 2003 y 2009.