Un tribunal federal confirmó un amparo a José Antonio Aguilar Bodegas, ex edil priista de Tapachula, Chiapas, contra la orden de aprehensión librada por delincuencia organizada y lavado de casi 500 millones de pesos.

El primer tribunal colegiado confirmó una sentencia del juez Juan Manuel Vázquez Fernández de Lara, titular del juzgado segundo de distrito en Chiapas, al encontrar infundado el mandato de captura girado contra el ex funcionario por el juzgado tercero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla, con sede en Cintalapa.

La procuraduría de la entidad acusó en este caso a Aguilar de depositar dinero proveniente de varias empresas del despacho contable Álvarez Puga y Asociados, del cual es director, mediante outsourcing, con el propósito de evadir el fisco y ocultar los recursos de estas operaciones.

Sin embargo, el tribunal colegiado sostuvo en su sentencia que el outsourcing no es delito.

Consta en el expediente de acusación que los fiscales del caso acusaron ante autoridades judiciales que el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, cobró millones de pesos en forma ilícita, los cuales fueron depositados a terceros por órdenes de Aguilar Bodegas

El Ministerio Público exhibió como supuesta prueba del ilícito un estado de cuenta de la empresa Técnicas de Coordinación Administrativa, cuyo apoderado es Luis Gerardo Cano Granda, en la que se realizaron depósitos de 494 millones 16 mil 567 pesos, de 2008 a 2011, según el amparo 1554/2011.

También fueron agregados documentos de transferencias por 1.5 millones de pesos, realizadas por Cano Granda en favor de Aguilar Bodegas, así como un traspaso de medio millón de pesos en favor del acusado en agosto de 2008.