A propuesta del PRD, los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa acordaron en el pleno de la Diputación Permanente exhortar a la Contraloría General del Distrito Federal para que investigue el uso y desvío de recursos públicos por funcionarios del gobierno capitalino que promocionen su nombre e imagen en actos anticipados de precampaña, e inicie los procedimientos correspondientes para sancionar a quien incurra en ese ilícito.

Ante la efervescencia política previa a los comicios del próximo julio que mantiene prácticamente tapizada de propaganda de diferentes políticos las calles de la ciudad de México, la diputada Lizbeth Rosas Montero refirió que todos los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Distrito Federal tienen prohibido por ley utilizar los recursos que están bajo su responsabilidad para influir en la competencia entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos.

Subrayó que los mensajes del Gobierno del Distrito Federal y las 16 delegaciones, con cualquier modalidad de comunicación social, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso, agregó, la comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o se relacionen con un partido político nacional o local.

Recordó que se considera propaganda político electoral contraria a la ley aquella contratada con recursos públicos y difundida por instituciones y poderes públicos, federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público entre los tres los órganos de gobierno o de sus servidores públicos a través de la radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes, carteles y cualquier otro medio similar.

En este tenor, todos los servidores públicos deben abstenerse de utilizar y desviar recursos públicos, humanos o materiales para promocionar su imagen y nombre en periodos electorales, anticipándose a las precampañas establecidas en el marco jurídico electoral, y por tanto cualquier acto que soslaye lo anterior deberá hacerse acreedor a una sanción administrativa y penal.