Al menos cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos en Tabasco y Chiapas, exigieron la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, en Tabasco, a quien responsabilizan del violento desalojo de cerca de 250 desplazados guatemaltecos, ocurrido la madrugada del pasado lunes.

También demandaron no deportar a los 71 guatemaltecos que “fueron detenidos en el operativo que montó el gobierno mexicano, pues no hay garantías para ellos en su país”, afirmó Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

El activista afirmó que “el gobierno federal miente, pues el operativo policiaco no fue pacífico, los desplazados fueron desalojados con violencia, y sólo pudieron detener a 71 porque el resto logró huir a las montañas del lado guatemalteco”.

Agregó que este martes aproximadamente 150 desplazados ya regresaron al lugar donde se encontraba el campamento en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso, “que fue desmantelado durante el operativo realizado por la Policía Federal y agentes de Migración, porque no pueden estar en su natal Guatemala, donde son perseguidos por militares y la policía del país centroamericano” al ser acusados de ocupar tierras de una reserva ecológica.

Explicó que los guatemaltecos que lograron escapar “ya regresaron al campamento, donde son auxiliados por fray Tomás González –director del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta–, y otras organizaciones. quien anunció que, si es necesario, nos vamos a colocar como escudos humanos para impedir que sean de nuevo desalojados, pues los agentes de Migración y la Policía Federal amenazaron con regresar.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, Equipo Indignación Yucatán, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Centro de Derechos Humanos Usumacinta, demandan de las autoridades mexicanas, abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se hallaban en la franja fronteriza, pues refieren que se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.

Las ONG pidieron “iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que ocurrió el operativo, pues actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias”.

A su vez, integrantes de la Caminata para la Defensa y Dignidad de los Migrantes, que concluyeron su recorrido en Arriaga, Chiapas, solicitaron a la Organización de Naciones Unidas su intervención para que detenga la repatriación de los guatemaltecos.