San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de enero. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció violaciones graves a las garantías individuales (desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación y desplazamiento interno) “cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra varias familias tzeltales del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas y adherentes a la otra campaña”.

Refiere que el pasado 7 de diciembre Elías Sánchez Gómez fue detenido mientras trabajaba con su esposa, María Esther Hernández Gómez, y su hijo, por dos policías estatales y 15 priístas del ejido, quienes lo golpearon, lo llevaron al monte, continuaron golpeándolo y luego a la carretera a Palenque. Allí “había más gente, me dijeron ‘ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad’, me taparon la boca, me subieron a una camioneta de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y tres personas –Herlindo López Pérez, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá, y Domingo López Hernández, comisariado ejidal– se sentaron en mi espalda”.

En Palenque, Elías fue conducido a la agencia del Ministerio Público (MP). “En el MP hay un cuartito, allí me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, mientras el MP hacía los documentos. Estaban los policías de civil y los tres de Busiljá. Los policías me golpearon a patadas, preguntando ‘¿dónde está tu papá?’, me sacaron y no di declaración”.

Ante su negativa, fue internado en el penal de Playas de Catazajá, donde se encuentra sometido a tratos crueles “por ‘los precisos’ que controlan los penales de Chiapas en complicidad con las autoridades penitenciarias”, sostiene el Frayba, que documentó que la esposa de Elías fue llevada por Herlindo, Domingo y otra persona a un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente el mismo día 7.

Cuando pretendía auxiliar a María Esther, otra familiar “fue violada por Manuel Sánchez, Benjamín Gómez Sánchez, y Juan Sánchez Morales, quienes le decían, ‘no llores porque te lo mereces, eres mujer’, y Benjamín ordenaba ‘háganlo fuerte que así lo merece porque no deja la parcela’”. En tanto, integrantes del PRI y cinco policías estatales allanaron las casas de Elías padre e hijo, y las de José, Fausto y Felipe, todos Sánchez Gómez. Las víctimas han identificado plenamente la participación de al menos nueve personas originarias de Busiljá, tres del ejido Cintalapa, cinco policías estatales y un MP.

Anteriormente, el 17 de julio de 2011, los priístas y 15 elementos de la PEP irrumpieron en el domicilio de Elena Morales Gutiérrez y se llevaron a su hija Gabriela, de ocho años. La familia presentó una denuncia ante el MP de Ocosingo, que no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña. El infausto 7 de diciembre Elena la vio en el domicilio de Benjamín, vigilada con el apoyo de la policía. Alertado el MP, apunta el Frayba, éste “hizo caso omiso, ‘invitando’ a los familiares a que la rescataran de manera personal”. Además, el 4 de octubre desapareció Pablo Sánchez Gutiérrez, de 15 años, familiar de Elías, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas.

El Frayba exige al gobierno de Chiapas investigar los hechos y de manera inmediata garantizar la integridad de la niña Gabriela Sánchez Morales; se sancione a los agresores del PRI y la PEP; que se garantice la vida de los desplazados así como el retorno de las siete familias, actualmente en plantón en el zócalo de esta ciudad y, por último, la liberación de Elías hijo.

Estas familias han sido objeto de agresiones y desplazamientos en 1997, 2001 y 2006 por priístas hoy vinculados a la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), bajo el cobijo de policías estatales y funcionarios que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas.