El gobierno federal pretende reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como su reglamento, como vía para combatir la persistente corrupción en la operación de casinos.

En el primer anteproyecto generado tras el incendio en el casino Royale –ocurrido en agosto pasado–, los redactores de la Secretaría de Gobernación (SG) incluyeron la figura de declaratoria de zona. De prosperar este marco jurídico, México entraría al esquema fiscal, de ordenamiento y vigilancia utilizado en ciudades como Las Vegas, Nevada.

El extinto secretario de Gobernación Francisco Blake revisó días antes de fallecer las bases de un anteproyecto para eliminar los permisos múltiples, es decir, las autorizaciones con base en las cuales los empresarios han podido cobijar a otros inversionistas –o han utilizado prestanombres– para abrir más establecimientos de juego.

El plan es dar un permiso por cada negocio y no, como ocurre ahora, uno que en los hechos es un abanico para la proliferación desordenada de casinos, bajo el amparo, en muchos casos, de las autoridades locales.

Integrantes del equipo del extinto funcionario revelaron que el objetivo es promover el juego legal, que puede funcionar, afirman, como ariete del desarrollo regional y la generación de empleos, al tiempo de focalizar y fortalecer la vigilancia del gobierno federal en esta materia. De manera simultánea, se reformaría la ley y su reglamento con el fin de evitar la ludopatía, afirmaron.

Los redactores de esta pretendida enmienda a esa ley, vigente desde 1947, afirmaron que los 65 años de antigüedad la sitúan como una de las más desfasadas del país.

La ley de 1947 tiene sólo 17 artículos y prevé, por ejemplo, sanciones de tres meses a tres años y multa de 510 mil pesos a los particulares que operen negocios de juego sin contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación. Para los funcionarios que incurran en irregularidades, la multa es de 100 mil pesos y prisión de un mes.

Si bien el reglamento de esta ley federal –vigente desde 2004, promovido por el ex presidente Vicente Fox y el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel– tiene 153 artículos que abarcan lineamientos para todo el proceso, también aquí hay disposiciones rebasadas.

El artículo 153 prevé que Gobernación tiene sólo cinco años para imponer sanciones. Actualmente las autoridades investigan a probables responsables de delitos cometidos en marzo de 2005 en la red que derivó en las irregularidades detectadas en el casino Royale, las cuales, de acuerdo con la normatividad actual, ya prescribieron.

En el proyecto de reforma se prevé restructurar la dirección general adjunta de juegos y sorteos de Gobernación, área reducida con recursos humanos y materiales insuficientes para atender más de 300 negocios que operan en el país, derivados de la autorización a 27 permisionarios.

En los hechos, esos permisos funcionan como una autorización raíz para hasta 561 establecimientos, con lo que la propia Secretaría de Gobernación ha dado luz verde para la operación de todos esos casinos.

Según el último reporte oficial, además del marco jurídico anacrónico e insuficiente, hay una estructura reguladora débil.

En septiembre pasado, tras el incendio en el casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, donde murieron más de 50 personas, se destapó la cloaca de las irregularidades en esta área, tanto en la expedición de permisos (la mayor parte de los cuales se otorgaron en los sexenios de Carlos Salinas, con 14, y de Vicente Fox, con siete) como en la creación de un régimen paralelo para la propagación de esos negocios, a partir de nombramientos del giro habilidades y destreza, que no existe en la ley.

Gobernación informó que al menos 60 negocios operaban con esquema irregular: 43 con criterios de exención regulatoria, 10 con suspensiones jurisdiccionales (amparos) y siete con supuestos permisos, cuya autenticidad no avala la dependencia ahora encabezada por Alejandro Poiré.