legó 2012. Por fin el calderonismo desocupará Los Pinos y aún no sabemos si la cauda de violencia generada por la llamada guerra contra el crimen organizado ha tocado fondo y sea factible pensar que el reacomodo que provocarán las elecciones presidenciales impactará en el replanteamiento de la estrategia con un saldo de alrededor de 50 mil víctimas. Por lo pronto, una cosa cierta es que no ha operado la justicia nacional, ni civil ni militarmente, para investigar y deslindar responsabilidades, cuestión que es el común denominador en otros casos emblemáticos: 1968, 1971, desaparecidos en la guerra sucia, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, y en el largo etcétera ya veremos cómo se perfila Ayotzinapa 2011.

Es un hecho que el Estado mexicano muestra una falla estructural en materia de justicia en su sentido más amplio. Hay quien señala casi justificando, o de plano colocados en ese terreno, que el Estado tiene derecho a defenderse con todo cuando es amenazada su seguridad, cuestión inadmisible, pues está marcado el límite de los derechos humanos. Y, sin embargo, el asunto no termina en ese horizonte, pues en la vida cotidiana la justicia suele operar de manera anómala, por decir lo menos.

Si bien sucede en muchos países (¿mal de muchos…?), en nuestro país casi por sistema se practica la disociación entre verdad jurídica y verdad histórica. Justamente en el asunto de la verdad histórica solemos ubicarnos con base en equívocos, pues para quienes compartimos una visión sobre los casos emblemáticos anotados arriba no hay duda de que el Estado mexicano es culpable, ha practicado crímenes de lesa humanidad y ha criminalizado movimientos sociales. Pero aún coexistimos con visiones opuestas, nada minoritarias ni ajenas al poder. Precisamente el pasado Día de los Inocentes, supongo que sin proponérselo, aparecieron en la prensa escrita dos perlas:

“Aún no se extinguen las lacrimantes exigencias sobre el gobierno federal para que se ‘castigue’ a los culpables de la guerra sucia de los años setenta, dando por hecho que en el Ejército están los culpables que quieren ver sentenciados. La bucólica actitud de algunas organizaciones no gubernamentales es por demás absurda. Lo ocurrido hace 30 años no puede juzgarse más que con la óptica de hace 30 años. Pero los estridentes insisten en juzgar con los ojos de hoy. El general Javier del Real Magallanes, cuando era subjefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo dejó muy claro. En aquellos años los soldados enfrentaron a un grupo de delincuentes y nada más. La guerra sucia, dijo el militar, es un invento de los medios” (Javier Ibarrola, Fuerzas Armadas 2012, Milenio Diario, 28/12/11).

Obviamente, no debatiremos si somos bucólicos(as) o llorones(as), o estridentes. La opinión coincide con la posición imperativa planteada a Vicente Fox frente al trabajo realizado en su sexenio por la Fiscalía Especial sobre Movimientos del Pasado que involucraba al ex presidente Luis Echeverría y al Ejército. Ya sabemos la trayectoria de esa experiencia que quiso convertir en jurídica una verdad que sigue siendo histórica.

El argumento central frente a las propuestas de comisión de la verdad y no fiscalía fue que ésta tendría efectos jurídicos inmediatos. No hubo tal. Por ello hay quienes de nueva cuenta señalan que debe transitarse por la ruta de la Comisión de la Verdad. Habrá que irse con cuidado en este tema, pues se le ha trivializado al punto y al absurdo de que ante crímenes recientes, como los de Ayotzinapa, el gobernador de Guerrero ya propone una comisión ciudadana cuando está en curso la investigación en las instancias de procuración de justicia y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos facultadas por ley para ese efecto. Precisamente, este caso nos permite anotar la siguiente perla que retrata prácticas políticas lamentables, pues se abren trincheras de defensa anticipando o pretendiendo influir en los resultados jurídicos de una investigación.

Así tenemos que desde la entidad guerrerense se reportó que al realizar asambleas en 20 municipios de las regiones de Tierra Caliente y zona norte, dirigentes y militantes del PRD acordaron respaldar al gobernador Ángel Aguirre Rivero en el caso del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa y opinaron que están seguros de que Aguirre Rivero no ordenó el desalojo de los normalistas y mucho menos que los policías dispararan contra ellos. Pidieron que se castigue a los responsables (menos a su exculpado) y que la Normal de Ayotzinapa no debe desaparecer y que, por el contrario, el gobierno de Ángel Aguirre le otorgue más apoyos de carácter académico y material (Reforma, 28/12/11).

¿Cómo lograron estar seguros? ¿Se hará justicia con apoyos? Hoy por hoy en materia de justicia, tanto la verdad jurídica como la llamada verdad real, pretendidamente histórica, están seriamente afectadas. ¿Quién se hace cargo de ello en la agenda de 2012?