Con las recientes reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, aprobadas por la Asamblea Legislativa, las autoridades capitalinas estarán obligadas, a partir de este año, a indemnizar en un plazo no mayor a 30 días a todas las personas que resulten afectados en su persona o en sus propiedades por una actuación irregular u omisa de los servidores públicos locales, quienes incluso podrían ser sancionados de incurrir en desacato.

De acuerdo con el diputado local Fernando Rodríguez Doval, esa ley existe desde 2008 y ayuda a los capitalinos en diversidad de situaciones, como cuando un vehículo particular resulta afectado por un bache, cuando una persona sufre una negligente intervención quirúrgica en un hospital de los servicios médicos del GDF, cuando alguien cae en una coladera sin tapa o cuando una obra pública afecta su vivienda o por no tener señalamientos, pasas por ahí y te lastimas.

Sin embargo, dijo que hasta el año pasado esa norma no fijaba ningún plazo para que las autoridades pagaran esos daños a los particulares, por lo que había quejas que duraban meses, años o incluso nunca se reparaba el daño.

Más aún, mucha gente no sabe todavía a qué oficina o instancia se debe dirigir para reclamar los daños en su persona o en sus bienes, y por eso no denuncia. Hay quienes piensan que tienen que ir a la delegación, al Ministerio Público, a la Procuraduría Social o a otro lado, expresó en entrevista el legislador panista.

Para acabar con esa situación, dijo, en diciembre pasado el pleno de la ALDF aprobó reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del DF para que no sólo se fijen tiempos y se agilicen los trámites, sino también se difunda entre la población esta norma y se les oriente y apoye en todo ese proceso de reclamación ante cualquier instancias de la administración pública local.

Rodríguez Doval –promovente de esas modificaciones legales– explicó que ahora todas las dependencias públicas deberán tener asignada una persona que oriente a la población sobre qué hacer ante un caso de negligencia, omisión o actuación irregular por cualquier servidores público capitalino.

Aunado a ello, detalló Fernando Rodríguez, la dependencia a la que se reclame la indemnización deberá elaborar un dictamen en no más de cinco días hábiles, y si resulta favorable al quejoso, entonces en un plazo máximo de 30 días deberá pagar al afectado los daños ocasionados.

Finalmente, dijo que en los próximos días la Consejería Jurídica y de Servicios Legales publicará esas reformas. Rechazó que pudieran vetarse, ya que fueron trabajadas con las mismas autoridades del gobierno capitalino.