Organización civil elabora estudio en tres zonas habitacionales
Lunes 2 de enero de 2012, p. 26
Las madres jefas de familia que viven en los complejos habitacionales Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, La Magueyera I y Mixcóatl, en la delegación Iztapalapa, sufren alto grado de marginación.
De acuerdo con la organización civil ASE, Conciencia Juvenil Universitaria, estas mujeres tienen dos o más hijas e hijos menores de 16 años y se encuentran en situación de pobreza patrimonial, ya que siete de cada 10 rentan la vivienda que habitan.
Elia Ávila Bucio, presidenta de esa organización, dio a conocer que un estudio elaborado sobre ese sector revela que tanto ellas como sus dependientes no tienen acceso a los servicios públicos de salud, ya que en su mayoría se desempeñan en empleos informales, como el comercio ambulante, el trabajo doméstico, empleadas en pequeños y medianos comercios y obreras en el sector manufacturero. En su mayoría, el nivel máximo de estudios que poseen es secundaria incompleta, lo que dificulta su acceso a empleos formales.
Ante esa situación, la organización ha ofrecido cursos de capacitación sobre sus derechos humanos y sobre cómo ejercerlos dentro de sus hogares.
Por medio del proyecto Programa de promoción y difusión de los derechos humanos para mujeres jefas de familia que viven en unidades habitacionales con alto índice de violencia y marginación en Iztapalapa, ASE, Conciencia Juvenil Universitaria, capacita a cerca de 300 personas, con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
Las familias que viven en las mencionadas zonas registran un alto índice de violencia y marginación, aseguró Ávila Bucio, por lo que el objetivo del proyecto es generar vínculos interinstitucionales para la adecuada atención de las mujeres jefas de familia, generar una cultura de conocimiento, reconocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos por medio de la asesoría jurídica y seguimiento de casos.
Para José Raúl Mejía López, coordinador del proyecto, la violencia institucional hacia las madres de familia en situación de marginalidad y pobreza en la delegación Iztapalapa es una constante, principalmente en los centros de salud y en las agencias del Ministerio Público, toda vez que no cuentan con conocimientos sobre derechos humanos y con servicios de orientación jurídica de calidad, además del poco apoyo por instituciones públicas.