Junto a la narcoviolencia que atravesó de principio a fin el año, 2011 quedará marcado por acontecimientos como el deceso de Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, en un accidente de helicóptero, el 11 de noviembre. El hecho cobró gran relevancia no sólo por tratarse del funcionario de más alto nivel después del Presidente, sino por ser el segundo titular de esa dependencia muerto de la misma manera durante el gobierno de Felipe Calderón.

El primero fue Juan Camilo Muriño, quien falleció el 4 de noviembre de 2008, al estrellarse en la capital del país el avión que lo transportaba desde San Luis Potosí. Las explicaciones oficiales sobre las causas de ambos accidentes hasta ahora han resultado confusas o insuficientes para una parte de la opinión pública.

Por otro lado, entre las miles de muertes ocurridas este año por la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico y las disputas entre bandas del crimen organizado, sobresale por su impacto social la del hijo del poeta Javier Sicilia –Juan Francisco–, asesinado en Cuernavaca junto a otras seis personas la mañana del lunes 28 de marzo.

Impulsado por esa dolorosa experiencia personal y en nombre de todos los fallecidos en este contexto (incluidos criminales), el poeta organizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que ha recorrido el país llamando a las partes en disputa a no derramar más sangre y demandando al gobierno federal revisar y replantear su estrategia contra los cárteles de la droga.

Se trata de la mayor movilización ciudadana desde que Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Aunque se ha caracterizado por un discurso humanista de corte religioso, ha sido también controversial por la forma en que se ha aproximado a la clase política, incluido el Presidente.

No obstante, desde el primer diálogo con el gobierno federal, que quedó sellado por un abrazo entre Sicilia y Calderón, el escritor y colaborador de este periódico ha externado su decepción por la falta de resultados positivos: el gobierno no cambia su estrategia, el número de muertos no disminuye y, lo peor, varios activistas integrantes del movimiento han sido asesinados.

De ellos sobresale el caso de los líderes comunitarios nahuas de Ostula, Michoacán, Pedro Leyva y Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinados por paramilitares. Lo que empezó como una lucha por tierras que les quitaron llevó a los indígenas a enfrentarse con miembros del crimen organizado aliados con sus despojadores, ante la indiferencia o complacencia de los gobiernos estatal y federal.

También relacionado con la imparable ola de violencia que vive el país está el incendio provocado en el casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que costó la vida a 52 personas, el 25 de agosto.

Ese hecho puso ante la luz pública las irregularidades con que operan en todo el país los establecimientos de apuestas. Sin embargo, luego del escándalo, las mutuas acusaciones y el prolongado jaloneo político en que se vieron involucrados representantes de los tres niveles de gobierno, el pasado 5 de diciembre la Procuraduría General de la República y la del estado de Nuevo León concluyeron que ni las autoridades ni los propietarios del inmueble tienen responsabilidad penal en el siniestro, atribuido sólo a una disputa entre grupos del crimen organizado.

Otro de los hechos que definen el año es el inicio formal del proceso que habrá de concluir con las elecciones presidenciales de 2012. A la contienda se presentará por segunda ocasión Andrés Manuel López Obrador, precandidato de los partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

En 2006 el tabasqueño compitió por la Presidencia en unas elecciones controvertidas, que aún califica de fraudulentas y en las que las autoridades electorales dieron como ganador a Felipe Calderón, por un escaso margen de 0.56 por ciento.

En esa ocasión López Obrador encabezaba las encuestas y era el enemigo a vencer. Esta vez, según los sondeos, va al frente en las preferencias Enrique Peña Nieto. Si resultara electo el ex gobernador del estado de México y miembro del llamado grupo Atlacomulco, significaría el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, después de 12 años de gobiernos surgidos de Acción Nacional.

Mientras, los panistas siguen sin elegir abanderado entre Josefina Vázquez Mota (ex secretaria de Educación Pública en este sexenio y diputada con licencia), Santiago Creel (titular de Gobernación durante la administración de Vicente Fox) y Ernesto Cordero (ex secretario de Hacienda y considerado delfín de Calderón).

En ese contexto de lucha política se inscribe la detención del empresario y político priísta Jorge Hank Rhon, hijo del ex gobernador mexiquense Carlos Hank González (ya fallecido), miembro prominente del llamado grupo Atlacomulco, al cual pertenece Peña Nieto.

Reconocido como el más importante poseedor de centros de apuestas en el país, Hank Rhon fue detenido por militares el 4 de junio en su casa de Tijuana, acusado de acopio de armas. Diez días después tuvo que ser liberado al no acreditársele los delitos que le imputaban.

Al final, la frustrada acción penal contra el controvertido empresario quedó como una pifia derivada del uso faccioso de la justicia por parte del gobierno federal contra sus opositores, en este caso el PRI.

En tanto, López Obrador ha matizado su discurso, transitando de la crítica constante a la mafia del poder que controla el país a hablar de una república amorosa donde impere la tolerancia y la reconciliación.

Pero en esta otra guerra, la política, también ha habido bajas. La más notoria es la de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, cargo al que renunció el año pasado para asumir la presidencia del PRI.

En el lapso en que Moreira fue dirigente su partido triunfó en las elecciones de los estados de México y de Michoacán, en julio y noviembre, respectivamente. Ambos triunfos fueron interpretados como un paso importante en las aspiraciones de los priístas de volver a Los Pinos.

A pesar de eso, Moreira se vio obligado a dejar el cargo partidista como resultado del escándalo provocado por la deuda pública de más de 34 mil millones de pesos que dejó en Coahuila.

Aunque aseguró que todo era resultado de una campaña mediática, el coahuilense dijo que tomaba la decisión con el fin de que nadie dañe al tricolor y a su candidato presidencial, Peña Nieto.

Así, 2011 termina como empezó: envuelto en la violencia, tanto la provocada por la guerra contra el narcotráfico como la derivada de actos represivos.

Como ejemplo del primer caso está el reciente ataque de sicarios contra autobuses de pasajeros en el norte de Veracruz, que dejó 16 muertos (entre civiles y criminales).

En cuanto a la violencia represiva, está la muerte a balazos, en Chilpancingo, de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes participaban en un bloqueo a la Autopista del Sol para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de varias promesas. Al desalojar el bloqueo, policías dispararon contra los inconformes, que iban desarmados. Aún no queda claro si fueron agentes estatales o federales los que dispararon. Los gobiernos de ambos niveles se han culpado mutuamente.