arantizar la protección integral a la salud de la población no asegurada es una deuda pendiente de los gobiernos perredistas, luego de 14 años en el poder. La red sanitaria es insuficiente y las políticas para prevenir los riesgos podrían ser ampliamente mejoradas.

A pesar de algunas destacadas iniciativas (cáncer de mama, salud mental, maternidad subrogada, voluntad anticipada, VIH/sida, interrupción legal del embarazo, obesidad y trastornos alimenticios, no fumadores) sigue faltando la creatividad para diseñar un orden jurídico y sanitario propio.

Sobre ella –la cuarta a escala nacional– recae la demanda de una ciudad heterogénea y pacientes de –al menos– el estado de México y Morelos, además de que las instituciones capitalinas coexisten con las redes nacionales de IMSS, Ssa, Issste, Issfam, Sedena, Pemex.

Parte de sus problemas derivan del estatuto de excepcionalidad política del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Sede de los poderes federales, su organización política es distinta de la de los otros 31 estados. Apenas en 1997 nació la Secretaría de Salud local. Las administraciones perredistas no han logrado poner a punto ese estatuto, lo que ha diferido la mejora de la política de salud y seguridad social.

La estructura heredada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 preservaba la hegemonía presidencial en la demarcación. En materia sanitaria, la gestión coincide con la descentralización de los servicios aplicada por el gobierno federal al GDF entre los años 1997-2000.

No corregir oportunamente el de-sequilibrio en la asignación presupuestal a la Secretaría de Salud local y los Servicios de Salud Pública del DF –derivado de la descentralización federal– perpetuó el rezago secular del primer nivel de atención y su escasa coordinación con el segundo nivel que –con más recursos– opera con la misma plantilla, desperdicios, inadecuado abasto y comprometiendo la calidad en la atención (Gustavo Leal F., PRD. Salud en el GDF: un proceso incompleto, UAM-X, 2011).

Los posteriores programas de austeridad estructurados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Marcelo Ebrard Casaubon incrementaron la presión sobre el personal operativo que hace funcionar las instituciones.

¿Priístas o panistas lo hubieran hecho mejor? El primer diseño administrativo cardenista, a cargo de Armando Cordera Pastor, careció de imaginación. No innovó ni incorporó a la gestión nuevos talentos que, sus sucesores, recogerían básicamente del mundo académico.

AMLO detona un paquete de vastos programas sociales, incorpora talentos, incrementa la recaudación, expande la obra pública, transparenta el uso de recursos. Capitaliza en su favor el primer gobierno panista de la alternancia, reduce políticamente al PRI, aunque respecto de Cárdenas, su control sobre las delegaciones disminuye.

Desde 2003, los diagnósticos en la Secretaría de Salud local denuncian que la oferta de servicios es insuficiente para atender la demanda, el déficit de camas, médicos especialistas y enfermeras, la incorrecta distribución entre categorías de personal, su distribución entre turnos y el ausentismo.

AMLO enfrenta los retos de la red metropolitana con el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, cuyo propósito es garantizar con equidad el derecho a la protección a la salud de la gente, otorgando servicios a la población no asegurada con residencia mínima de tres años, así como de los adultos mayores de 70 años y más, también residentes.

Su gestión coincide con el diseño federal del Seguro Popular, al cual el GDF se resiste inicialmente y termina adoptando en 2005. La secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, firmó el 27 de junio en su oficina el Acuerdo de Coordinación.

La tensión en la red creció de inmediato y se generalizaron las denuncias de médicos y enfermeras sobre las condiciones de trabajo e incapacidad para atender más demanda con los mismos recursos. Esas denuncias se incrementaron con el impacto de los programas de austeridad. Para 2006, los hospitales atendían a 57 por ciento de los habitantes, mientras el Seguro Popular apenas alcanzaba 2 por ciento.

A finales de 2005 y frente a Vicente Fox, Alejandro Encinas, sucesor de AMLO, terminó reconociendo que en los programas somos coadyuvantes, pero el diseño del Seguro Popular, sus recursos y gran parte de la instrumentación le corresponde al gobierno federal. Nosotros vamos a seguir cumpliendo el compromiso que suscribimos en el Acuerdo de Coordinación. En este tema, los gobiernos federal y del DF deben ir juntos. Vamos a seguir trabajando en los dos ámbitos. El gobierno de la ciudad cuenta con su propio programa de gratuidad, al que están inscritos 750 mil beneficiarios.

Si durante la administración cardenista la innovación brilló por su ausencia, el quinquenio de AMLO confirmó que la ruta más eficaz para garantizar la sustentabilidad de los nuevos programas consistía en procurar que –tanto en su diseño como en su operación– se preservara el sano equilibrio entre la labor de los operadores con conocimiento probado sobre la red y el entusiasmo informado de quienes los impulsaron como programas emergentes.

La administración Ebrard refuerza la evidencia de que el ciclo perredista 1997-2012 careció de propuestas y programas a la altura del tamaño, importancia y peso de red sanitaria metropolitana. Desplazado hacia el centro del espectro político, Ebrard adopta estrategias de subrogación de servicios, alianzas público-privadas y el franco apoyo a la inversión privada como pivote del financiamiento para la expansión de la infraestructura capitalina.

El control de Ebrard sobre las delegaciones es el menor del ciclo perredista y su gestión coincide con la implantación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, extensión calderonista del Seguro Popular.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco