o es por medio de ambiguos exhortos a la prudencia de los actores políticos que el Instituto Federal Electoral (IFE) podrá revertir el legado de impunidad y simulación que hoy caracterizan a los procesos electorales, sino con una acción firme e institucional que imponga sin miramientos el Estado de derecho. En lugar de gastar cientos de miles de pesos en desplegados sin ninguna relevancia jurídica, como ocurrió el viernes 23 de diciembre en los periódicos de circulación nacional, el hoy por fortuna completo Consejo General del IFE tendría que utilizar nuestros valiosos recursos públicos para investigar y sancionar los recurrentes fraudes a la ley que corroen el sistema democrático.

Tienen razón los consejeros electorales cuando afirman que nuestro país merece un proceso electoral ejemplar y que ello depende de refrendar la vocación democrática y apegada a las reglas vigentes de todos los mexicanos. Yerran, sin embargo, al culpar sólo a los actores políticos cuando los mismos funcionarios electorales son los principales responsables de haber generado el actual contexto de ilegalidad generalizada en materia electoral.

El IFE hoy se encuentra inmerso en una profunda crisis de legitimidad que nos conduce a una jornada electoral cuestionada y llena de conflictividad política. Si los tres nuevos consejeros electorales quieren evitar este oscuro desenlace no será suficiente con ayudar a administrar la desgracia, es preciso que ayuden a imprimir inmediatamente una nueva dinámica institucional al órgano electoral.

El caso más urgente por resolver es el de la multa por 288.7 millones de pesos al Partido Verde Ecologista (PVEM) que ha quedado congelada desde el 27 de abril al empatar la votación de los seis consejeros allí presentes. Ésta sería la tercera sanción más grande impuesta por el IFE en su historia, solamente superada por las sanciones al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Pemexgate y al Partido Acción Nacional, junto con el mismo PVEM, por el caso Amigos de Fox.

La multa en esta ocasión sería por el flagrante rebase de los topes de campaña por el PVEM durante las elecciones federales de 2009, cuando este partido de manera ilegal adquirió en la televisión propaganda electoral sumamente costosa. En un clásico ejemplo de propaganda integrada todos recordamos cómo el actor Raúl Araiza llevaba puesta y presumía su camiseta de Soy Verde en sus telenovelas durante todo el proceso electoral. También fue evidente la burla a la ley cuando Televisa difundió ampliamente en televisión la portada de la revista Tv y Novelas, que igualmente incluía propaganda a favor del PVEM.

Recordemos que desde la reforma electoral de 2007, y en aras de fomentar la equidad, el artículo 41 de la Constitución prohíbe explícitamente la contratación o adquisición de espacios en radio o televisión por los partidos políticos. Esto incluye la donación de espacios de parte de los medios de comunicación.

En preparación para la sesión del 27 de abril pasado, el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas, elaboró un Proyecto de Resolución ejemplar que demuestra que aún con la ausencia de un contrato formal firmado entre las partes, sí es posible demostrar la existencia de un acuerdo de facto que benefició al PVEM con una enorme ventaja electoral, lo cual tendría que haber sido reportado como parte de sus gastos de campaña para el proceso electoral de 2009. De ser aprobado en sus términos por el IFE, y después ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esta resolución marcaría un parteaguas en la materia al sentar un contundente precedente de que las autoridades no están dispuestas a tolerar que los actores políticos se burlen de la normatividad al negociar propaganda disfrazada al margen de la ley.

Urge una decisión en este sentido porque hoy nos encontramos en una situación de intolerable permisividad en la materia. Los carpetazos en los casos de la entrevista de Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol en pleno proceso electoral de 2009, el de la difusión nacional del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, y el de los informes legislativos del mismo PVEM durante el periodo de intercampañas en 2009, entre muchos otros, han dejado un terrible precedente en el que los actores políticos se sienten por encima de la norma. Hoy vemos que los precandidatos presidenciales al igual que los precandidatos a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal incorporan propaganda disfrazada, así como entrevistas pagadas como estrategias cotidianas para posicionar sus nombres entre el electorado.

En la sesión del Consejo General del IFE del 27 de abril, el representante del PVEM ante el órgano acusó a Cristalinas de buscar destruir la democracia mexicana y destruir cualquier concepto de libertad de expresión. Nada más alejado de la realidad.

Los que minan los cimientos de la convivencia democrática no son aquellos funcionarios que con valentía e independencia buscan asegurar el cumplimiento del Estado de derecho, sino los actores políticos que buscan dar la vuelta a la ley y las autoridades que se hacen de la vista gorda ante estos atropellos.

Hoy, con un Consejo General completo, no existe pretexto alguno para seguir postergando la decisión respecto de la multa para el PVEM. Recordemos que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles.

Retomar este tema en los próximos días sería la señal más clara de que el IFE esté decidido a luchar por alcanzar un proceso electoral ejemplar y no solamente exhortar a que los demás lo hagan realidad. Si esto no ocurre, 2012 fácilmente podría llegar a ser aún más complicado que el proceso electoral de hace seis años.

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