El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, citará a comparecer el próximo lunes al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para que aclare la participación de las fuerzas de seguridad en los hechos en que dos estudiantes normalistas fueron asesinados el pasado 12 de diciembre, cuando realizaban una protesta en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo.

Luego de reunirse ayer con un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el ombudsman nacional afirmó que, en por las nuevas atribuciones que se le confirieron luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el organismo a su cargo iniciará una investigación sobre el homicidio de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, supuestamente abatidos por policías ministeriales.

La pesquisa –a cargo del primer visitador general de la CNDH, Luis García López-Guerrero–, tratará sobre el asesinato de dos jóvenes además de la aprehensión de 24, 15 de los cuales habrían sido torturados, e incluirá apoyo sicológico para las víctimas y sus familiares.

Plascencia indicó que en los primeros días de enero se darán algunos avances de la investigación, previa a la reunión con los estudiantes el 5 de enero.

Aunque todavía no se le ha enviado el oficio a Aguirre para anunciarle que debe comparecer ante la CNDH, el ombudsman confió en que el mandatario guerrerense acuda a la cita, o al menos dé una respuesta por escrito.

En el encuentro con Plascencia, el estudiante Pablo Juárez Cruz reiteró a nombre de sus compañeros que seguirán exigiendo tanto al Congreso estatal como al de la Unión que inicien un juicio político contra el gobernador, y recordó que esta herramienta fue viable en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, lo que a la postre orilló al entonces gobernador Rubén Figueroa a pedir licencia en su cargo.

El documento que los normalistas entregaron a la CNDH exige que la investigación de dicho organismo tenga carácter de urgente y especial, para que el proceso no culmine con una recomendación más; fije un plazo para dar resultados, y se permita que participen las víctimas en la indagatoria. Por otra parte, aclararon que no se han cerrado al diálogo, como afirma un comunicado de Gobernación, pero que éste debe darse con funcionarios con facultades de decisión.