El nuevo marco jurídico que obliga a todos los jueces a no aplicar leyes contrarias a la Constitución o a tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos representa un riesgo para el país en las actuales condiciones de inseguridad y lucha contra el crimen organizado, manifestó José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es necesario, enfatizó, que el Congreso de la Unión reforme la legislación para introducir un medio legal que faculte al Ministerio Público a impugnar decisiones de jueces que dejen en libertad a personas acusadas de delitos graves y hayan sido favorecidos porque los artículos penales en que se basó su detención son inconstitucionales.

En entrevista, Cossío comentó que tal como en su momento el Congreso permitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interponer la revisión fiscal en contra de quienes recibieran amparo en primera instancia contra el pago de impuestos, así debe permitirse que las procuradurías presenten revisiones contra los amparos concedidos y que los acusados de ilícitos graves no queden en libertad inmediata.

El juzgador admitió que el nuevo esquema jurídico tiene lagunas que pueden ser utilizadas por la delincuencia en su favor.

Cossío se refirió al nuevo marco jurídico nacional, a partir de la reforma constitucional que obliga a todas las autoridades del país a respetar y garantizar los derechos humanos, y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla que derivó en criterios de la Suprema Corte para que cualquier juez (federal, local, militar, etc.) deje de aplicar leyes contrarias a la Constitución o tratados internacionales.

Además, que los jueces militares declinen su competencia en favor de jueces civiles cuando soldados estén acusados de violar derechos de la ciudadanía.

Interrogado sobre la posibilidad de que jueces locales dejaran de aplicar normas que consideraran inconstitucionales, como el arraigo, en contra de acusados de delincuencia organizada, el ministro respondió: Es algo que hay que tomar en cuenta. Los legisladores tienen que hacer reformas para permitir que el Ministerio Público promueva medios de impugnación de segunda instancia cuando un juez desaplique una norma por inconstitucional.

También que en caso de que la acusación sea por delitos graves, que los acusados no queden en libertad inmediata.

En casos penales, la inexistencia del precepto puede llevar a la absolución de la persona que está procesada y que va a ser sentenciada, porque dice la Constitución que no pueden imponerse penas por analogía o por mayoría de razón, tienen que estar definidas en el Código Penal correspondiente.

Descartó que el nuevo esquema produzca desorden legal, porque los jueces podrán desaplicar leyes que consideren inconstitucionales, ya que, en todo caso, serán revisadas en segunda instancia por tribunales federales o en última instancia por la Suprema Corte, lo que le permitirá a ésta fijar criterios que den certidumbre sobre las nuevas disposiciones.