Después de 20 años de que fueron creadas, la gran mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos en México carecen de una vinculación real con los ciudadanos, no tienen perspectiva de género, no hacen análisis de los problemas en sus entidades ni formulan propuestas para resolverlos, señaló Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH).

Durante la presentación del informe El sistema ombudsman mexicano a debate, la activista advirtió que si dichos organismos no aprovechan la reforma constitucional de derechos humanos para transformarse, podrían perder toda credibilidad y terminar siendo un gran fracaso.

El estudio, realizado desde 2004 en 12 entidades de la República, monitorea la actuación de los organismos públicos de derechos humanos en rubros como la forma de designación de su titular, el nivel de participación ciudadana y su obediencia a los convenios internacionales, entre otros.

Una de las principales conclusiones del mencionado trabajo es que la gran mayoría de los ombudsman estatales han sido omisos en el acompañamiento de las víctimas de abusos, y no han aprovechado la reforma constitucional de junio de este año para tener un rol más activo.

Se descubrió, además, que los avances o retrocesos en cada comisión dependen en gran medida de la buena voluntad de su titular, y no de una política institucional en la materia, y que los organismos en cuestión no tienen un margen de independencia y autonomía real frente a los gobernadores.

“El del ombudsman sigue siendo un cargo a expensas de temas políticos, que se decide en lo oscurito, y donde no se exige experiencia para ocuparlo. Además, tampoco hay parámetros de certidumbre de las recomendaciones que emiten”, deploró Ramírez, también coordinadora de la cátedra de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En la mayoría de las entidades del país no hay reglas claras para nombrar a quien dirigirá la comisión estatal de derechos humanos ni tienen evaluaciones o proyectos de trabajo claros para justificar su presupuesto, rendir cuentas y avanzar en la resolución de las problemáticas regionales, dijo.

Entre los temas que los ombudsman locales han dejado de abordar –añadió– está el de la violencia contra las mujeres, ya que entre sus funciones no se incluye la elaboración de propuestas con perspectiva de género y la promoción de los derechos sexuales y reproduc- tivos, e incluso en algunas ocasiones ni siquiera reconocen la existencia del feminicidio como delito.

El sistema es muy costoso; tiene muchos desafíos y ha perdido credibilidad. Puede fortalecerse, o extinguirse como institución ciudadana. Después de 20 años de que fueron creadas, tienen más retrocesos que avances, y pueden terminar siendo un gran fracaso, alertó.

Por todo lo anterior, la presidenta de la AMDH urgió a las comisiones estatales de derechos humanos a armonizar su actuación con la reforma constitucional en la materia, establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de diálogo con la sociedad civil, someterse a auditorías independientes e incluso aplicar figuras como la revocación de mandato de su titular.