na presidencia descarrilada. La responsabilidad del gobierno mexicano como presidente pro tempore del Grupo de los Veinte se inició el primero de diciembre. Dos semanas después dio sus primeras señales con un desangelado seminario, celebrado el 13 y 14 en esta ciudad, al que parecen haber asistido los viceministros de Finanzas y un cierto número de funcionarios de nivel medio de organismos financieros internacionales. El 14 y el 15, los sherpas viajaron a Cancún y deliberaron por primera vez bajo la presidencia mexicana. En esos días por fin apareció la página web oficial respectiva: www.g20mexico.org. Al momento de la consulta (ayer) contenía tres noticias, un video y ocho tuits, cuatro de ellos del mismo funcionario de la cancillería, recogidos en @g20mexico. Parece más bien un portal publicitario, con profusión de fotos y discursos de personeros mexicanos. Se recoge el texto íntegro de las intervenciones de Calderón y Meade en el seminario, pero no un sumario de los debates ni un asomo a las conclusiones. Tampoco se encuentra, como es usual, la lista de delegados. El seminario, titulado Los Retos Actuales para el Crecimiento Económico Mundial (así, con cinco mayúsculas innecesarias) concluyó, según Meade, en la necesidad de instrumentar reformas estructurales para incrementar el potencial de crecimiento de las economías, a través de una mayor productividad e inversión privada. El discurso de Calderón, quien clausuró el seminario, se extendió por 25 minutos y 3 mil 600 palabras que sirvieron para presentar las cinco prioridades de la agenda mexicana para el G-20 en 2012. Éstas fueron reiteradas a los sherpas en Cancún, en una enumeración menos verbosa (83 palabras). Recuérdese que sólo se contaba con una versión casi incomprensible de esas prioridades proferida por Calderón en Cannes en su conferencia de prensa al término de la cumbre de noviembre. Debe agradecerse que se hayan por fin formulado con cierta claridad. Sin embargo, son prioridades que, en su contenido y en su contexto, apuntan hacia acciones y políticas erradas que, lejos de favorecer la reactivación económica y el abatimiento del desempleo, provocarían la profundización del estancamiento y prolongarían la desocupación. Son las prioridades de una presidencia descarrilada.

Sigamos la pista de las cinco prioridades. Primera, promover la estabilización económica y las reformas estructurales para el crecimiento y el empleo. Esta fórmula trastoca el orden de los factores, introduce otros y, por tanto, altera el producto. En el comunicado final de Cannes (párrafo 3) se reafirmó el compromiso de revigorizar el crecimiento económico, crear empleos, asegurar la estabilidad financiera, fomentar la inclusión social y hacer que la globalización atienda a las necesidades de la gente. La estabilización económica no se consigue antes de recuperar el crecimiento sostenido. Es el crecimiento el que proporciona empleos y da base a la estabilidad. Además, eliminar de esta prioridad las cuestiones de inclusión social y reforma de la globalización impone una visión estrecha y miope de los objetivos y de las políticas para alcanzarlos. Por otra parte, la referencia a las reformas estructurales, ausente del comunicado de Cannes, es una adición que pretende dar rango global a las obsesiones del gobierno mexicano con las reformas laboral y energética, entre otras.

Segunda, promover el fortalecimiento de los sistemas financieros y fomentar la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico. En Cannes se había mencionado que México enfatizaría el tema de la regulación financiera. Ahora, al plantear esta segunda prioridad, se afirma que la crisis se originó, en buena medida, por decisiones no muy precisas, por la incursión desmedida en riesgos por parte de entidades financieras a nivel global, por, quizá, deficiencias en el diseño que pudieran contener todas esas decisiones de riesgos en secuencia que, finalmente, sus consecuencias catastróficas en 2009 no fueron previstas a tiempo y es tiempo de rediseñar todos esos mecanismos. En lugar de este galimatías, se podría haber dicho que la crisis se originó en los excesos de la especulación financiera desregulada. No se hizo referencia alguna a los mandatos que, en esta materia, provienen de la cumbre de Cannes. Todos ellos, en especial el relativo a un impuesto sobre transacciones financieras, repugnan a la elite financiera mexicana y no cabe esperar que se impulsen en ningún sentido para la cumbre de Los Cabos.

Tercera, mejorar la arquitectura financiera internacional en una economía global, que está totalmente interconectada. Se habla de llevar adelante los procesos de reforma de los organismos financieros internacionales, de dotarlos de recursos bastantes para hacer frente a las exigencias de la crisis, de extender la supervisión del FMI a las economías europeas y de prevenir crisis financieras futuras (prevenir las pasadas es un poco más difícil). No hay precisión en los señalamientos. No se menciona el orden de magnitud de los recursos requeridos, ni el alcance y oportunidad de las reformas a los mecanismos de toma de decisiones de los OFI. El imperio de la vaguedad, con permiso de Arturo Ripstein.

Cuarta, seguridad alimentaria. Se introduce señalando que es un tema de especial preocupación para México y se argumenta que las políticas monetarias anticíclicas trasladan poder de compra a los mercados de commodities y se convierten en políticas recesivas, con lo cual podemos entrar a paradojas muy difíciles. De nuevo, la declaración de Cannes es muy clara: a) mejorar la regulación de los mercados de instrumentos financieros vinculados a los productos básicos; b) realizar inversiones para elevar la producción, que es la clave para alimentar a la población del planeta, y c) desarrollar instrumentos de manejo de riesgos y herramientas para enfrentar las emergencias humanitarias, a fin de mejorar la seguridad alimentaria. Lo paradójico es ignorar este tipo de planteamientos a fin de condenar las políticas expansionistas.

Quinta, alentar el desarrollo sustentable. Se propondrá un diseño integral, una agenda de infraestructura, de eficiencia energética, de crecimiento verde y de financiamiento del desarrollo sustentable. Hubiera sido deseable proponer también la forma en que el G-20 puede contribuir a los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la luz de la COP-17 y sus secuelas. Proponer cómo asegurar que el G-20 estimule y facilite los acuerdos del conjunto de partes contratantes de la convención. Más allá de lamentar el hecho, ¿puede el G-20 pasar por alto que uno de sus miembros decida retirarse unilateralmente del Protocolo de Kyoto y continuar proclamando que las preocupaciones ambientales son una de sus mayores prioridades?

En suma, cinco prioridades distintas y una falta de rumbo verdadera.