Pese a haber aprobado todas sus materias clínicas, el cadete José Manuel Ramírez Valentín fue dado de baja de la Escuela Médico Militar hace dos años por no haber cumplido con una de las cinco pruebas deportivas que se les pide a los estudiantes como requisito de titulación.

Aunque tenía derecho a volver al colegio unos meses después, las autoridades se lo negaron al acusarlo de despojarse de sus insignias con desprecio, y cuando dicho cargo fue desechado, le fincaron el de hacer uso de una credencial falsa, pese a que no hay pruebas que sustenten dicho señalamiento.

En entrevista con La Jornada, Ramírez denunció el autoritarismo y la irracionalidad con que funciona la justicia militar en contra de sus elementos, a quienes se les puede retirar su sueldo mientras están bajo proceso, aunque no haya sentencia definitiva ni pruebas incriminatorias.

Al cadete, hoy con el grado de cabo de sanidad, todavía le cuesta trabajo pensar que lo dieron de baja en el cuarto año de la carrera, a un paso de recibirse, por haber superado por 40 segundos el límite máximo de una carrera de atletismo.

Tienes que hacer 10 dominadas de brazo; subir una cuerda de cinco metros; saltar de un trampolín de cinco metros; nadar 200 metros de crol en minuto y medio, y correr cinco kilómetros en máximo 25 minutos. ¡Por 40 segundos no pasé la última prueba, y si repruebas una sola, repruebas todo!, lamentó.

Al terminar la prueba de atletismo, recordó, me quité mi cinta de cadete, mis gafetes y los puse en una mesa, pero me acusaron de despojarme con menosprecio de mis insignias. Metí un amparo y gané, pero antes de que me absolvieran, me acusaron también de uso de documento y sello falso.

Una de las causas por las que no pudo prepararse para la carrera, señaló el militar, es porque las autoridades prohíben correr en la explanada, supuestamente porque el uso de ropa deportiva a ciertas horas y en ciertos lugares genera indisciplina.

Eso no se llama disciplina, se llama represión, porque las órdenes deben ser razonadas y esa no lo es.

Finalmente, en septiembre de 2009 le dieron formal prisión, y aunque las autoridades nunca lograron demostrar con documentos que Ramírez utilizó una credencial falsa en la biblioteca de la escuela o al pasar revista, la expulsión del colegio médico se consumó.

El Ministerio Público nunca aportó pruebas ni presentó un peritaje, no hay prueba plena de nada. Y aunque yo desvanecí todos los elementos para acusarme, no me regresan a la escuela. A veces pienso que sólo justifican su trabajo con nosotros, porque nos ponen el delito del Código Militar o del Penal Federal que más nos perjudique, y nos quitan nuestros haberes, denunció.

En muchas ocasiones, aun cuando los acusados comprueben su inocencia –asumiendo la carga de la prueba, en vez de que lo haga la institución– la Secretaría de la Defensa Nacional puede definir de manera arbitraria qué porcentaje de su sueldo le regresa al militar.

“Nos pueden deber 400 mil pesos, pero ellos hacen sus propias cuentas y te ofrecen 80 mil, por ejemplo. Ya con deudas y problemas, lo aceptas. Es un dineral lo que se ahorran con nosotros. Me hace recordar una película en donde dicen: ‘vámonos a la revolución, ya no tengo nada que perder’. Así estoy yo, porque mi carrera ya me la echaron a perder.”