Familiares del activista David Jiménez Fragoso, desaparecido hace 36 años, presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de admisibilidad del caso, luego de agotar todas las instancias legales en el país y comprobar la falta de interés de las autoridades en atender situaciones de desaparición forzada.

Acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Fundación Diego Lucero, exigirán que el sistema interamericano de justicia los ayude a determinar el paradero de Jiménez, desaparecido el 7 de mayo de 1975 en Atizapán de Zaragoza por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

José Rosario Marroquín, director del Prodh, señaló en conferencia de prensa que la investigación de estos delitos le fue encomendada a un organismo totalmente inútil, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), lo que obstaculizó el inicio de una verdadera justicia transicional.

Una muestra de ello, indicó Andrés Díaz, abogado del mismo colectivo de derechos humanos, es que luego de la desaparición de la entidad creada en 2006 por el entonces presidente Vicente Fox, los casos que analizaba le fueron transferidos a la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Dicho organismo, explicó, se encarga de perseguir delitos patrimoniales, y sus integrantes no tienen capacitación especializada en crímenes de lesa humanidad. El resultado de ello es que no ha iniciado ninguna diligencia para determinar el paradero de Jiménez Fragoso.

De acuerdo con cifras oficiales de la PGR, obtenidas mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), la Femospp recibió un total de 570 denuncias sobre casos de tortura, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, homicidio, desaparición forzada y genocidio, entre otros delitos.

Sin embargo, y aun habiendo ejercido un presupuesto de 36 millones de pesos en poco más de cuatro años, dicho órgano no abrió un sólo procedimiento penal contra algún funcionario, y consecuentemente, no emitió ninguna sentencia condenatoria.

Arturo Rivas Jiménez, sobrino de David, aseveró que la militancia comunista de su tío y su participación como tipógrafo en la elaboración de una gaceta clandestina no puede ser pretexto para su tortura y desaparición.