Con votación dividida de cuatro a dos, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó la metodología para el monitoreo de los programas noticiosos de radio y televisión, excluyendo –en contra de lo aprobado por el comité del ramo– los programas de opinión, al considerar que éstos no están comprendidos en la legislación y hacerlo implicaría limitantes a la libertad de expresión.

El IFE monitoreará 493 emisiones durante la campaña federal y 63 en las precampañas que comienzan este domingo.

El tema polarizó a los consejeros que debatieron durante más de dos horas sobre los alcances de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Valorar las opiniones en el monitoreo sería como una espada de Damocles sobre la opinión que brindan estos especialistas, señaló Francisco Guerrero.

¿Qué no tienen los ciudadanos derecho a saber que determinado medio tiene un conjunto de opiniones positivas para determinado partido? ¿Qué nivel de cultura democrática queremos edificar en el país si los ciudadanos no pueden conocer sistemáticamente la opinión de un medio de comunicación?, opinó Alfredo Figueroa.

Marco Antonio Baños se pronunció en favor de que se monitorearan los programas de opinión y aseguró que por hacerlo no se puede inferir que se pretenda imponer limitaciones: No se vulnera la libertad de expresión, no se vulnera ninguna disposición legal ni se está aplicando un esquema de censura sobre la libertad que tienen los opinadores especializados.

Al IFE no le interesa decirle a los medios cómo deben tratar la información de las precampañas y las campañas, pero los espacios de opinión deben ser monitoreados; no hacerlo sería incumplir el propósito de ofrecer información más clara para los ciudadanos, agregó Baños.

El presidente del IFE, Leonardo Valdés, expresó su postura con base en la lectura rigurosa de la ley: El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales, en programas en radio y televisión que difundan noticias. Y es mi convicción que este ordenamiento es limitativo a los programas que difunden noticias, única y exclusivamente noticias.

No dijo más, pero con su intervención respaldó la postura de Benito Nacif, quien se opuso a que se monitorearan los programas de opinión, porque hacerlo es ir más allá de lo estipulado para garantizar la equidad en la cobertura noticiosa.

La consejera María Macarita Elizondo sostuvo que el monitoreo de programas noticiosos pretende garantizar la equidad y la cobertura informativa, pero no se puede trasladar este propósito a los de opinión o debate, en virtud de que su contenido dependerá de los analistas, del contexto, de la coyuntura política. En dichos programas quien habla es responsable de lo que dice, es el analista no la concesionaria de radio y televisión.

Los representantes del PAN, Guillermo Bustamante, y del PRD, Camerino Márquez, consideraron necesario monitorear los programas de opinión para garantizar la equidad de la contienda.

En nombre del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada destacó la virtud de monitorear la cobertura noticiosa, pero dijo que esa labor no debía trasladarse a los programas de opinión, porque dejaría una estela de un IFE censor.

En la sesión, el Consejo General desahogó varios recursos de queja, entre los que destacó la exoneración casi total de los entonces secretarios de Estado y aspirantes presidenciales Ernesto Cordero, de Hacienda; Alonso Lujambio, de Educación Pública, y Javier Lozano, del Trabajo, de cometer presuntos actos anticipados de campaña, como acusó el PRI. Sólo se dio vista a la última secretaría, ya que el director de comunicación social subió a la página oficial de Internet un pronunciamiento de Lozano donde admitía su pretensión de ser candidato.

Amonestó al PAN y a la ex candidata a la gubernatura de Michoacán Luisa María Calderón por los comerciales difundidos en los que anunció su entrevista en el programa Historias engarzadas, y se aplicó multa de 670 mil pesos a Televisión Azteca por el mismo caso.

Asimismo, el IFE multó a los partidos con más de 10 millones de pesos por irregularidades en los manejos financieros en las elecciones de 2009: el PRD fue sancionado con 6.9 millones de pesos, el PRI con 2.5 millones, el PAN con 589 mil 592, el Movimiento Ciudadano con 119 mil, el PT con 117 mil y el PVEM con 13 mil 777 pesos.