Ante el aumento de homicidios y amenazas en contra de defensores de derechos humanos, el gobierno federal generará más mecanismos administrativos para intentar atajar el problema. Ahora busca el apoyo de gobernadores para poner en marcha un protocolo de reacción inmediata y un manual de operación, especialmente en los lugares de mayor alerta y de riesgo para los activistas, como Guerrero y Chihuahua.

Aunque la Secretaría de Gobernación (SG) asegura que la protección a los defensores de garantías básicas, deudos y víctimas del delito es una de sus prioridades, en los hechos la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos tiene acéfala más de un mes.

Ésta es responsable de hacer cumplir las medidas administrativas necesarias para la protección de los luchadores sociales; es decir, vigilar que las dependencias federales, incluida la PGR, realicen las acciones establecidas en el acuerdo presidencial publicado el 7 de julio pasado.

Sin embargo, nada se ha dicho hasta ahora acerca de quién será el sucesor de Felipe Zamora, quien junto con el secretario Francisco Blake y otras seis personas falleció el 11 de noviembre en un accidente aéreo. Gobernación tampoco tiene oficial mayor y el trabajo en los temas referidos está a cargo desde hace cuatro semanas de los directores de área y de unidades.

La responsable de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, Omeheira López, respondió que la mayor prueba de que la SG da atención especial al tema es que el titular, Alejandro Poiré, se reunió con representantes de organizaciones civiles que integran la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

Aunque reconoció que para los activistas la situación sigue siendo de alto riesgo, aseveró que no es momento de replegarse. El mismo cuestionamiento se ha hecho en el caso de periodistas. Si caemos en ese juego de replegarnos o de estar temerosos ante la primera intimidación no vamos a lograr el propósito que buscamos.

La lista de agresiones, con base en la cual definirán el protocolo y manual de operación de las medidas de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, crece prácticamente a diario.

Lo que busca ahora la SG es crear un protocolo para determinar paso a paso lo que se tiene que hacer ante una agresión.

Comentó que las directrices del mecanismo están establecidas; esta semana se reunirá con organizaciones de la sociedad civil para marcar un protocolo y un manual de operación muy ágil.

Estamos promoviendo –dijo a La Jornada– que las entidades se sumen a este mecanismos nacional, mediante la firma de un convenio para atender a los defensores, porque en el ámbito local suelen generarse estas amenazas. Citó algunas zonas de mayor riesgo, como Guerrero y Chihuahua.

El jueves pasado, tras la reunión de Poiré con enviados de grupos civiles, Gobernación emitió un breve y tardío comunicado de prensa para lamentar, repudiar y condenar el asesinato de Trinidad de la Cruz Crisóstomo.

El funcionario dijo también que el gobierno se encuentra atento de las indagaciones para la localización de Eva Morales y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Guerrero. Activistas reclamaron también los casos de Marisela Escobedo Ortiz y Nepomuceno Moreno Núñez.