Pese a no haber sido sentenciado aún de forma definitiva por un robo de cartuchos ocurrido a principios de 2008, al capitán de materiales de guerra Manuel Contreras Maqueda le retiraron más de 90 por ciento de su salario desde hace más de un año, en un proceso legal que obligó a él y a su familia a trasladarse al Distrito Federal, lo que ha destruido su vida y su carrera.

El militar, quien en los próximos días ofrecerá una conferencia de prensa sobre su caso en la Cámara de Diputados, narró en entrevista el autoritarismo con que se imparte la justicia en las fuerzas armadas.

Contreras estaba asignado a la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, Morelos, dirigida hasta diciembre de 2007 por el general de brigada Ricardo Escorcia Vargas, quien fue destituido luego de que una avioneta con cocaína, supuestamente del cártel de los Beltrán Leyva, aterrizó en el aeropuerto de esa ciudad y distribuyó la carga, sin que las fuerzas de seguridad pudieran impedirlo.

A raíz de ello, el general Leopoldo Díaz Pérez –a quien se responsabiliza de la desaparición forzosa de Jethro Ramsés Sánchez, ocurrida el primero de mayo de este año– fue nombrado en el cargo, recordó Contreras.

Su nuevo superior lo comisionó 23 días seguidos a Temamatla, estado de México, y fue durante ese periodo que sucedió el robo de 9 mil cartuchos y 110 cargadores, del cual se dio cuenta hasta abril de 2008, cuando hizo un recuento del material del almacén.

Es muy difícil detectar cuántos cartuchos hay exactamente, porque vienen en paquetes sueltos de 10, 50 o mil. Cuando noté la falta, di parte y esperé una investigación a fondo. Pequé de inocente al contestar como debía, y fui el único detenido, aun cuando comprobé que estaba comisionado, lamentó.

Tras ser aprehendido por el cargo de ejercicio indebido del servicio público, Contreras pasó 15 días en prisión y salió bajo fianza. La averiguación previa se inició en octubre de 2008 y el proceso judicial en forma el 23 de abril de 2010.

Desde entonces, sin sentencia definitiva, le retiraron 90 por ciento de su salario, y ahora percibe sólo mil 300 pesos quincenales –de un total de 17 mil–, basándose en un reglamento para militares procesados y sentenciados que data de 1923.

Mi familia quedó en el desamparo. Aunque esté bajo proceso tengo que ir al campo militar 1-A de lunes a sábado, y por eso no puedo trabajar en otra cosa, indicó.

Tras interponer dos amparos y aunque no se cumplían los requisitos para probar los cargos, se confirmó en enero de 2011 un auto de formal prisión para evitar que se fugara. Si es encontrado culpable podría enfrentar una pena de entre dos y siete años de cárcel.

“Se nos trata como delincuentes. La carga de la prueba es para los acusados, y nos destruyen la vida en el medio civil. Los generales pueden iniciarnos una causa por no darles gusto, y su único argumento es que ‘motivos sobran’. Con esa frase les basta; están por encima de los reyes”, deploró.

Tras denunciar el caso ante diversas instancias, finalmente obtuvo el apoyo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes (PT), quien en septiembre de 2011 presentó una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar, para que los soldados bajo proceso no sean despojados de su sueldo.

Según Contreras, el Ejército se ahorra unos 15 millones de pesos al mes por retener salarios a unos 2 mil soldados encarcelados. Le destruyen la vida a los compañeros, y por eso muchos terminan en la delincuencia organizada o suicidándose.