La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano que brinde protección a la activista Norma Andrade, herida de gravedad el pasado 2 de diciembre, cuando fue baleada al llegar a su casa.

En tanto, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa comentó que el martes pasado Norma Andrade fue dada de alta de manera anticipada, por motivos de seguridad. Le pidieron que se retirara lo más pronto posible, ya que hubo llamadas intimidatorias contra el personal de la clínica donde era atendida.

Desde entonces la activista está en Ciudad Juárez, en espera de ser trasladada a un lugar seguro, pero por el momento sus condiciones de salud no le permiten viajar. La situación es grave, ya que ha habido amenazas recientes contra sus compañeros de trabajo y familiares.

Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, explicó en entrevista que las condiciones de salud de Andrade no permitían que fuera dada de alta en manera inmediata, pero los médicos tomaron dicha decisión tras recibir llamadas amenazantes.

La madrugada del 7 de diciembre un grupo de hombres colocó una manta en la escuela donde trabaja la activista, en la cual advirtieron a ella, a su hija María Luisa García y a otras personas –cuyos nombres no se dieron a conocer– que el atentado del 2 de diciembre sólo había sido una advertencia.

El mensaje fue retirado por la policía municipal, pero cuando los miembros de Nuestras Hijas de Regreso a Casa solicitaron verlo, autoridades judiciales contestaron que no saben dónde está.

En ese contexto, ayer, la CIDH emitió en Washington un comunicado, en el que insta al Estado mexicano a proteger a Norma Andrade y su familia, así como a indagar el atentado en su contra, esclarecerlo y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

La CIDH comentó que ya ha recibido denuncias por amenazas, hostigamiento y atentados contra defensoras de derechos humanos que buscan justicia por casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y otras regiones de Chihuahua.

Por su parte, Karla Michel Salas advirtió que en semanas recientes ha habido un recrudecimiento de los ataques contra defensores de los derechos humanos frente a la total inacción del gobierno, que de esa manera se ha vuelto cómplice de los crímenes.

“Lo que queda claro con la ejecución de Trinidad de la Cruz y otras personas es que hay una absoluta ausencia del Estado. Nosotras llevamos 30 años recibiendo amenazas y lo hemos denunciado ante las autoridades locales y federales, pero no nos han hecho caso”, deploró.

Las condiciones de violencia causaron que en 2008 la CIDH dictara medidas cautelares en favor de decenas de activistas en Chihuahua, pero a pesar de ello muchos se vieron forzados a huir de la entidad, recordó.

Estamos frente a un Estado rebasado y ausente, pero decidimos salir y denunciar, porque hay que exigir a la autoridad que actúe. Tenemos acuerdos firmados, pero Norma no está recibiendo atención médica y el gobierno la coloca en mayor riesgo, aseveró.