Senadores de PRI y PRD advirtieron que la declaración del secretario de Marina, Mariano Saynez, de que no le consta que el narcotráfico intervenga en procesos electorales, demuestra que las afirmaciones reiteradas del presidente Felipe Calderón sobre ese tema tienen una finalidad política: tratar de posicionar al PAN hacia 2012.

Lo dicho por Saynez prueba que lo único que Calderón pretende al sostener que el narcotráfico beneficia al PRI, es lesionar al partido y enconar los ánimos en el país, comentó el senador Francisco Labastida Ochoa. Dijo que es evidente que no tiene prueba de sus dichos, porque de lo contrario ya habría presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Por separado, Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que Calderón cuenta con todas las prerrogativas legales para formular declaraciones y los partidos políticos pueden ejercer su derecho de réplica. Aseguró que la presencia del narcotráfico no ha disminuido la participación ciudadana en los comicios.

Arturo Núñez (PRD) recordó al Presidente que la Secretaría de Marina y el Ejército tienen a su cargo el combate al crimen organizado y, por tanto, saben si las bandas del narcotráfico intervienen en los comicios.

Un funcionario de su gabinete de seguridad pública ha echado abajo sus señalamientos falsos. Insistió en que el Ejecutivo no puede lanzar acusaciones temerarias, sino actuar.

En contraparte, Felipe González (PAN) sostuvo que no hay contradicción entre lo dicho por el Ejecutivo y el titular de Marina. Aseguró que Saynez no participa en la lucha contra el narcotráfico en Michoacán y por ello dijo que no le consta la mano del narco en elecciones. Me parece que es una declaración honesta del secretario de Marina, porque no podía opinar sobre una cosa que no le consta.

Cautela en el TEPJF

Por separado, el magistrado González Oropeza sostuvo que el narcotráfico no ha provocado la reducción de la participación ciudadana en las urnas. Sin embargo, dijo, al tratarse de un problema grave, las autoridades penales deben investigar todas las denuncias relacionadas.

Sobre las declaraciones de Calderón, de que 50 ciudadanos desistieron de postularse a cargos de elección popular en Michoacán por amenazas de bandas del narcotráfico, el magistrado dijo que constituyen un hecho aislado y recalcó que de ninguna forma la autoridad electoral debe impedir el debate político.

Salvador Nava, también magistrado del TEPJF, manifestó que, desde una perspectiva de la jurisdicción electoral, en su momento se debe constatar con pruebas. Desde luego, el solo hecho de hablar de una posible injerencia del narcotráfico en las elecciones es gravísimo y debemos combatirlo todos; cada uno desde su responsabilidad, dijo.

Ambos magistrados fueron cautos al opinar, en principio porque saben que las recientes declaraciones de Calderón –y la pugna que ha sostenido con el PRI, sobre la presunta infiltración del narco en los comicios– es probable que a corto plazo sea materia de juicio electoral.

Tenemos que proveer lo suficiente para que las elecciones se desarrollen en la mejor situación posible; lo más alejado de la violencia, indicó Nava.

González Oropeza subrayó que la selección de candidatos en los partidos debe estar blindada de esas intromisiones, con el apoyo de las autoridades para evitar presiones, como lo que mencionó en la víspera Calderón.

En entrevista, Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que las acusaciones de Calderón son muy graves y pueden enrarecer los comicios del año entrante, por lo que valdría la pena que llegara al fondo de sus declaraciones y actuara en consecuencia para evitar la entrada del narcotráfico. Si busca descalificar al PRI y a Enrique Peña Nieto, se corre el riesgo de repetir el camino de 2006, y se daría un muy mal inicio a ese proceso.

Por su parte Imer Flores, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, consideró que las elecciones de 2012, de por sí importantes y complejas, enfrentan la posibilidad de una mayor intervención del crimen organizado y otros poderes fácticos, lo cual no es un fenómeno nuevo.

Llamó a las autoridades a verificar de dónde vienen los recursos que se utilizan en las campañas y consideró que debe nombrarse cuanto antes a los consejeros faltantes del Instituto Federal Electoral.