El secretario de Economía, Bruno Ferrari, advirtió ayer que no permitirá que el fin de año se convierta en un periodo de abusos contra los consumidores, por lo que se intensificará la vigilancia de las autoridades sobre cualquier negocio, pero particulamente en tortillerías.

Flanqueado por Eduardo Pérez Motta y Bernardo Altamirano Rodríguez, titulares de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), respectivamente, Ferrari aseguró que las chicanadas y anuncios fatalistas sobre aumentos a la tortilla que acostumbraban hacer organizaciones de molineros y tortilleros se han reducido desde que Economía emprendió hace un año una cruzada contra ellos a través de denuncias de probable colusión.

Sin embargo, reconoció que se tienen detectados tres estados donde se han hecho anuncios de este tipo, pero que ya son investigados por Profeco, e insistió en que el precio promedio se mantiene en 11.25 pesos por kilo, aún cuando los monitoreos oficiales dan cuenta de que en 56 por ciento de las ciudades donde se aplican se comercializa en 12 pesos o más.

En Chihuahua, donde la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla del estado anunció esta semana un incremento de tres pesos para vender el alimento a 16 pesos por kilo, el procurador Bernardo Altamirano dijo que de inmediato se envió un equipo muy consolidado de verificadores y de 35 tortillerías revisadas sólo en cuatro hubo aumentos injustificados. El secretario mencionó a su vez que en Morelos algo se está haciendo mal porque es uno de los estados donde más cara se vende la tortilla sin que haya justificación porque existen muchos establecimientos y no como ocurre en ciudades del norte, donde la oferta es limitada.

Eduardo Pérez Motta precisó que la CFC mantiene abiertas dos investigaciones sobre colusión de precios (una a nivel nacional y otra en Chiapas) e impuso dos multas por 135 mil pesos en conjunto contra Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías.

Ferrari dijo que la competencia y los consumidores determinan los precios. No obstante, Pérez Motta aclaró que no se sanciona el incremento cuando hay una situación de sequía, de reducción de oferta de maíz que genera el incremento de precios, como ha ocurrido en Chihuahua, pero el procurador Bernardo Altamirano acotó que en cualquier caso las tortillerías que suban sus precios deben comprobar que se elevaron costos de insumos y de producción.