El gobierno federal detuvo sus programas de investigación científica para determinar las características morfológicas de estupefacientes perfeccionados genéticamente e identificar geográficamente la ubicación de los cultivos de mariguana y amapola, que son financiados por grupos mexicanos.

Sin embargo, a solicitud de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), la Procuraduría General de la República (PGR) integra un mapeo farmacológico de las drogas sintéticas que han sido incautadas en México, a fin de que se busquen mecanismos que disminuyan los efectos y daños que causan a la población consumidora de aquella nación, revelaron mandos de la institución mexicana.

Desde el inicio de la gestión del general Rafael Macedo de la Concha, en diciembre del año 2000, en la PGR se creó un programa para desarrollar estudios para mejorar la calidad de materiales y sustancias empleadas en la destrucción de cultivos que no alteraran el ecosistema.

Además, se proponía promover aplicación de normas ambientales que establecieran las autoridades competentes en actividades de erradicación de plantíos ilícitos, así como analizar las plantas que se localizaran en zonas como Durango, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, debido a que los grupos de narcotraficantes habían desarrollado nuevos métodos de crecimiento con modificacion genética.

Esos estudios se suspendieron a finales de 2006, más que por la escasez de recursos, a la falta de interés de las administraciones posteriores, y también porque la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo de la erradicación de cultivos ilícitos, señalaron funcionarios de alto nivel de la PGR.

En meses recientes –sin relación con los apoyos de la Iniciativa Mérida–, la PGR se comprometió con la DEA en el desarrollo de una investigación para clasificar todos los tipos de drogas sintéticas existentes en el mercado mexicano y las que llegan a Estados Unidos, revelaron la fuentes.

De acuerdo con la información obtenida las investigaciones se realizan en instalaciones que la PGR posee en el Distrito Federal.