La actual estrategia de seguridad pública de los gobiernos no sólo genera múltiples violaciones de derechos humanos contra los civiles, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, sino también quejas de los propios elementos del Ejército y las policías por falta de prestaciones laborales y equipamiento.

Denunciaron lo anterior activistas de diversas organizaciones defensoras de las garantías fundamentales, quienes llamaron a cambiar urgentemente de paradigma en este terreno, para buscar la protección de los ciudadanos y no sólo de las autoridades, como hacen ya las experiencias de policía comunitaria.

Durante la presentación del informe Desde la mirada ciudadana, realizado por el Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero (Mocipol), Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó que dicho estudio se realizó desde noviembre de 2007 en unas 600 comunidades guerrerenses.

Documenta 353 casos de abuso cometidos por las policías investigadora ministerial y preventiva municipal, y el Ejército, entre los cuales figuran detenciones arbitrarias, extorsión, multa indebida o excesiva, allanamiento ilegal de morada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el hecho de no poner de forma inmediata a disposición del juez a un detenido.

Matilde Pérez Romero, integrante de Mocipol, señaló además que durante el monitoreo de la labor de policías y militares –que abarca un total de 45 instituciones–, 10 por ciento de las quejas recibidas fueron hechas por los propios efectivos de seguridad, debido a la falta de condiciones adecuadas para realizar su trabajo, lo mismo por carencia de equipo que de seguridad social.

A partir de dicho estudio, la organización concluyó que la actual política de seguridad del gobierno ocasiona que en las entidades se reproduzca una concepción belicista y la progresiva militarización de la seguridad pública; desdibujamiento del ámbito local frente al federal; aumento de las violaciones de derechos humanos y estigmatización de las víctimas.

Por el contrario, las experiencias de policía comunitaria realizadas por pueblos indígenas me’phaa y na savi presentan mejores resultados y menos quejas, al distanciarse del concepto de seguridad pública como instrumento de control social y de protección de las instituciones.

Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), apuntó que las policías comunitarias son ejemplos que deberían reproducirse, ya que significan una forma distinta de construir seguridad, sin recurrir a delitos y abusos como los que cometen las policías regulares y los soldados.