través de sus múltiples agentes, Estados Unidos ha realizado operaciones de delincuencia organizada en México, algunas de ellas incluso sin que lo supieran sus anfitriones presuntamente aliados, pero en realidad sujetos a menosprecio y engaño. Hasta ahora, esas acciones encubiertas solamente han producido daños y muerte en el lado mexicano, dotando de armamento a los bandos en mortal conflicto e incluso transportando hasta acá millonadas de dólares para ser blanqueados, sin que en la contraparte haya disminuido el consumo de drogas y sin que allá se hayan asestado golpes a la corrupción que necesita ser similar a la mexicana para cumplir con éxito el ciclo económico del narcotráfico y sin que haya violencia en las calles gringas en proporción a la que sus vecinos proveedores sufren día con día.

Lo peor es que, ante un gobierno federal mexicano de comportamiento avasallado y colonizado, los interventores delincuenciales se niegan siquiera a dar explicaciones públicas de lo que con un desenfado punible han venido realizando en su presunto patio trasero. Como si nada, funcionarios estadunidenses pusieron a funcionar un plan conocido como Rápido y furioso con el que acabaron llevando a manos de narcotraficantes no oficiales el armamento avanzado y suficiente para que fuera más letal la guerra de reacomodos gerenciales y control social que puso en marcha el calderonismo. Ahora se ha sabido que también introdujeron al país cargamentos de billetes verdes y, por lo que se ve, ya sólo falta que pronto se anuncie que también han proporcionado asistencia técnica en materia de cultivo de estupefacientes y de fabricación de drogas sintéticas o que ofrecen santuarios en su territorio a los capos ejecutivos.

Todo, según eso, en aras de conocer las redes de trabajo de los delincuentes mexicanos (para luego combatirlos en mejores condiciones, no para manipularlos y usarlos en la desestabilización de México ni para beneficiarse económicamente de esas operaciones o desviar las ganancias a tareas patrióticas que no alcanzan financiamiento gubernamental estadunidense, como ya ha sucedido en otras ocasiones memorables, una de ellas la de los contras nicaragüenses). Sin embargo, en Washington se ha puesto en evidencia el desconocimiento y la falta de control de esos arriesgados estrategas a la hora de enviar armas cuyo destino final perdieron de vista. México transformado en sangriento conejillo de Indias, ya fuera por torpeza extrema de los aficionados a las series policiacas de televisión que fungen como responsables de agencias gringas relacionadas con el combate a las drogas, o por intención expresa de diseñadores de crisis, divisiones y desestabilización que así pretenden consolidar su mando sobre un abatido país que ya forma parte de su carpeta roja de seguridad nacional.

Metidos a fondo en México, los operadores estadunidenses también podrían verse tentados a acomodar el proceso electoral de 2012 a sus conveniencias, si no es que esas posibilidades ya estén en curso. Haiga sido como haiga sido, lo cierto es que en el arrancadero de la contienda por la Presidencia, el Congreso y otras posiciones estatales, el calderonismo (es decir, la mano de gato usada por los gringos para sacar las castañas del fuego político y social) ha instalado con firmeza el riesgo del narcotráfico como inhibidor o supresor de comicios. Ayer mismo, el senador priísta Francisco Labastida hizo saber que en su partido están plenamente convencidos de que se les prepara un michoacanazo, es decir, una aplicación selectiva de procesos judiciales para golpear a adversarios políticos. Y el ex candidato a gobernador por el PRD en Michoacán, Silvano Aureoles, ha confesado que lo amenazaron de muerte durante su anterior campaña y ha planteado su convicción de que, a como van las cosas, el narcotráfico llegará a instalar al presidente de la República en 2012.

El factor central de distorsión del proceso electoral en curso ha estado infiltrado por agentes estadunidenses que han actuado abiertamente en suelo mexicano conforme a sus planes e intereses, sin que haya autoridad local que se oponga a esas acciones, e incluso esa misma autoridad ha sido largamente acusada de favorecer a uno de los bandos en pugna de ese narcotráfico, lo que, de ser cierto, establecería una relación de mutuos favores y de entendimiento global que bien podría manifestarse en presiones, amenazas y ayudas relacionadas con lo electoral. Es decir, conforme a lo que se va diciendo, conociendo y difundiendo, el amenazante fantasma del narcotráfico no es un ente autónomo, de comportamiento caprichoso y objetivos primarios, sino una parte activa y ofensiva de un conjunto de intereses que llegan o surgen de casas de poder en países vecinos. El uso electoral del narcotráfico no es un accidente sino una consecuencia del amplio plan de conservación del poder, al costo que sea, que mantienen ciertos aliados que ya antes decidieron sumir al país en la sangre y el horror, para superar una crisis de legitimidad y para contrarrestar con anticipación futuros brotes de inconformidad, y que ahora maniobran juntos para darle continuidad a su libreto sombrío de largo alcance.

Astillas

No es mayor el escándalo porque el personaje no tiene esa talla, pero el ebrardista Mario Delgado ha demostrado que las pifias literarias no son exclusivas de copetes de tres colores ni corderos desbalagados: a pesar de que esa obra es una de las más conocidas a nivel popular, tanto en título como en autor, el aspirante a jefe del gobierno capitalino atribuyó Cien años de soledad no a Gabriel García Márquez, como tanta gente lo sabe casi por concatenación automática, sino a Mario Vargas Llosa... Y, mientras el zacatecano Ricardo Monreal ha sido designado coordinador de la campaña del fundadamente amoroso Andrés Manuel López Obrador, con Yeidckol Polevnsky en las finanzas, sin Chuchos, con puros morenos y petistas en las coordinaciones temáticas, y dos representantes de Marcelo Ebrard en las cinco circunscripciones (René Cervera y Patricia Patiño), ¡hasta mañana!

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