En México, la iniciativa privada (IP) participa en la construcción de infraestructura hidráulica en decenas de ciudades mediante un esquema mixto de colaboración con los gobiernos, sin que ello implique algún riesgo de privatizar el servicio, simplemente porque eso no existe en la Constitución.

Así lo afirmó Eduardo Ibáñez Mariño, gerente de fortalecimiento de organismos operadores de la subdirección general de agua potable, drenaje y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante las actividades del Seminario Nacional para el Fortalecimiento de los Ingresos de Agua Potable, que concluyó el viernes pasado.

El funcionario explicó que las autoridades aplican desde hace varios años un esquema de contratos de prestación de servicios a largo plazo, similar a la tercerización (outsourcing), mediante el cual permiten que la iniciativa privada efectúe obras de distribución y cobre para recuperar su inversión.

Sin embargo, aseguró que dicha modalidad no implica la privatización del recurso, sino únicamente la entrada de fondos complementarios, bajo la condición de que las empresas permanezcan durante toda la vida útil de la obra.

De esta forma, en más de 40 ciudades del país –entre ellas Toluca, León, Ensenada, Hermosillo, Mazatlán, Monterrey, Los Cabos y Guadalajara– la iniciativa privada ya ha construido plantas de manejo de aguas residuales, desalinizadoras y acueductos, sin que por ello el líquido deje de ser de la nación.

Hay algunos casos de empresas a las que sí se les concesionó todo el espectro de servicios relacionados con el agua, como en Cancún, Saltillo y Aguascalientes, pero aun en esos casos hay una supervisión gubernamental estrecha, por lo que tampoco puede hablarse de privatización, aseveró.

Durante su ponencia, Ibáñez subrayó la necesidad de cambiar la cultura de la gente respecto del líquido y buscar mecanismos para lograr mayor eficiencia comercial y de infraestructura.

Estábamos mal acostumbrados al subsidio, pero las tarifas deben cambiar e incluir el costo de mantenimiento, saneamiento y drenaje. Esto no quiere decir que se eliminen los subsidios, sino que se focalicen mejor, y se complementen con la tarifa que se cobra a los usuarios, indicó.

Para el funcionario, es indispensable generar un círculo virtuoso en el cual los organismos distribuidores de agua tengan un porcentaje de efectividad en el cobro tan alto como se pueda y así cuenten con recursos suficientes para invertir en la renovación de la infraestructura, la cual, muchas veces, ya es obsoleta y provoca fugas considerables.

Las tarifas, recalcó, deben ser un medio para que los usuarios entiendan que el líquido es un bien escaso y caro, y por ende no deben estar sujetas a criterios políticos o electorales. Hay que entender que el agua es un servicio, y como en otros casos debe ser suspendido cuando no se pague.

La iniciativa privada participa en obras de más de 40 ciudades del país. En la imagen, trabajos para desviar agua del río de los Remedios a una lumbrera del Emisor OrienteFoto Marco Antonio Núñez/archivo

Asimismo, sugirió que el personal que administra los organismos proveedores en todas las entidades tenga garantías para que sus puestos de trabajo no dependan de los nuevos gobiernos, porque en esa medida se le podrá dar seguimiento a diversos programas sustanciales.

Riesgo de privatización, sólo bajo esquemas legales poco cuidadosos

Carlos Muñoz Villarreal, especialista en economía ambiental y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, señaló a propósito del tema que el riesgo de privatización de los servicios básicos, como el agua o la recolección de basura, depende de las modalidades de incorporación del sector privado.

Hay que ver a qué los invitan y bajo qué condiciones. Si es para hacer obras y usarlas, y todo está bien amarrado, no hay riesgos. Hasta ahora no se han metido en cosas que deben estar únicamente bajo la rectoría del Estado, pero hay que estar atentos para que no lo hagan más de lo indicado, expresó.

Es fundamental, sostuvo, que el agua sea siempre un bien de la nación y no llegue a estar bajo dominio total de la iniciativa privada. Hay servicios o instalaciones que se le pueden encargar a las empresas, como el cobro de las tarifas, pero otra cosa es que ya tengan derecho a decidir sobre el agua. Por eso vale pena pensar en mejores modalidades para garantizar el dominio público del recurso.

Por su parte, Polioptro Martínez Austria, director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, coincidió en que la participación privada en este ámbito no necesariamente implica un riesgo, siempre y cuando se haga bajo esquemas bien diseñados.

La IP ya participa en el financiamiento de obras grandes, como la planta de Atotonilco, pero no tiene nada que ver con la operación del sistema ni con la provisión de servicios, que son responsabilidad de los gobiernos del estado de México y el Distrito Federal, recordó.

Incluso, cuando las empresas tienen una concesión más amplia, la infraestructura y el producto siguen siendo propiedad del Estado. El ejemplo más exitoso es Cancún, donde el sistema de distribución lo opera una empresa privada, pero bajo la supervisión del gobierno estatal.

Es importante aclarar, añadió, que la privatización del agua significaría que la IP se volviera dueña del líquido, pero bajo un adecuado esquema de concesiones este recurso nunca dejaría de ser propiedad de la nación.