La Sedena ha sido omisa en cooperar con la justicia ordinaria
Sábado 3 de diciembre de 2011, p. 9
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) manifestaron su preocupación por el retraso del Estado mexicano en las investigaciones por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a más de año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) ya comenzó el proceso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha facilitado la información necesaria para que las pesquisas continúen, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
La sentencia de la CIDH, emitida el 26 de noviembre de 2010, obliga al Estado mexicano a indagar las acusaciones de tortura contra los activistas guerrerenses. En este marco, la PGR dio inicio en julio pasado a dos investigaciones.
Montiel y Cabrera ratificaron sus declaraciones y se mostraron dispuestos a que les sea aplicado el Protocolo de Estambul, mediante el cual se indagan y documentan la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Sin embargo, lamentan las organizaciones, la Sedena ha sido omisa en cooperar con la justicia ordinaria. La PGR ha solicitado infructuosamente las investigaciones que en su momento realizó la Procuraduría de Justicia Militar
, lo cual es interpretado como desdén a los derechos humanos y falta de apertura ante las condenas globales.
Ante dichos obstáculos, la PGR ha girado diversos oficios requiriendo la información, sin que a la fecha haya respuesta. Si la Sedena no entrega los datos requeridos, la PGR debe avanzar en la pesquisa con los elementos que cuente y los ofrecidos por las víctimas y sus representantes, incluyendo diversas declaraciones, la sentencia de la propia CIDH, exámenes médicos independientes y otros
, afirmaron.
Por todo lo anterior, el Prodh y el Cejil exigieron a la dependencia, dirigida por Marisela Morales, que lleve a cabo una investigación diligente, tomando en cuenta todas las líneas de investigación, y a la Sedena que entregue las indagatorias que obran en su poder como muestra de su compromiso en materia de derechos humanos.