Al rendir su cuarto informe, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, dio a conocer que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, enviará a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma para lograr la autonomía e independencia financiera en los tribunales, a fin de que cuenten, año con año, con un mínimo irreductible de presupuesto, porque en la actualidad, por falta de recursos, se atienden de manera incipiente la justicia para adolescentes y la ejecución de sanciones penales.

El Distrito Federal, aseveró, es la entidad que registra el mayor número de jóvenes consignados, internados o en tratamiento externo por delinquir, de 26 mil que han sido aprehendidos durante el actual sexenio.

Dijo que si la función judicial no se mueve con libertad en términos presupuestales, se puede caer fácilmente en la intolerable justicia política.

Por ello, enfatizó la importancia de la próxima iniciativa de reforma, ya que desde hace 154 años ha sido solicitada por esta institución, sin que hasta ahora haya sido considerada.

Ante el pleno de magistrados, Elías Azar también alertó que los dos juzgados de ejecución de sanciones penales que tiene en operación el TSJDF –con alrededor de 700 asuntos en trámite cada uno– son insuficientes, por lo que previó que el crecimiento de la población penitenciaria siga a la alza. Ello porque los egresos de los centros de reclusión no son proporcionales a los ingresos.

Elías Azar dio su informe frente a una gran audiencia que incluyó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales; el rector de la UNAM, José Narro; la titular de la PGR, Marisela Morales, así como el empresario Carlos Slim.

Ante ellos, el presidente del TSJDF informó que actualmente hay 16 causas penales abiertas contra juzgadores por haber violado las normas jurídicas.

Dijo que la institución ha hecho mucho más con menos recursos en términos reales, lo que además se debe a las nuevas responsabilidades jurisdiccionales adquiridas en el último trienio.