En vez de fortalecer y complementar sus investigaciones en torno al caso de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente retomó una averiguación incompleta de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, lo que puede llevar a la exculpación de los altos funcionarios involucrados en la tragedia.

Tal fue la acusación que lanzaron ayer los padres de algunos de los menores fallecidos, quienes el pasado martes sostuvieron una fallida reunión con la procuradora Marisela Morales, quien les presentó como avances de la pesquisa las mismas conclusiones a las que ya habían llegado las autoridades sonorenses hace por lo menos un año.

José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, señaló en rueda de prensa que el 22 de noviembre se reunieron con la funcionaria para que les explicara cuál es el estado actual de las investigaciones, pero la única información que obtuvieron fue la misma que ya conocían de antemano.

En todo este tiempo la PGR no hizo ninguna investigación propia, sino que únicamente asumió los resultados insuficientes de unos peritajes de la procuraduría de Sonora, incluido uno en el que se afirma de manera anticipada que el incendio fue provocado intencionalmente por algún desconocido, dijo.

Este elemento únicamente ha servido para distraer las averiguaciones de la posible responsabilidad que puedan tener los dueños de la guardería, entre ellos Marcia Matilde Gómez del Campo –prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón– y los funcionarios que permitieron su funcionamiento, advirtió.

En este momento hay 29 personas bajo proceso judicial por lo ocurrido, pero sólo cinco –funcionarios menores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su mayoría– están todavía en la cárcel, aunque el crimen imputado cambió de homicidio doloso (considerado grave) a homicidio culposo (no grave), por lo que podrían alcanzar derecho a fianza.

Aunque la PGR tenía la responsabilidad de ampliar sus investigaciones para definir a los responsables del siniestro, decidió no hacerlo con el argumento de que no tiene capacidad institucional para ello y no puede atender ningún caso al ciento por ciento, lo que facilitó que los dueños de la guardería, Marcia Gómez del Campo y Gildardo Francisco Urquídez, hayan obtenido un auto de libertad y estén a un paso de ser prácticamente exculpados, lamentó.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que durante la reunión con los padres de los niños fallecidos Morales –quien llegó con casi dos horas de retraso– adoptó una actitud prepotente y acusatoria, mientras repetía que la PGR no tiene capacidad para abordar un caso tan complejo, lo cual no resulta creíble tomando en cuenta el presupuesto y el equipo de la institución.