Crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas o asesinadas sería una herramienta adecuada para evitar que muchos cuerpos sean destinados a la fosa común, pero es fundamental que las autoridades la realicen con la colaboración de organismos de la sociedad civil, porque las iniciativas del gobierno al respecto están sumidas en el descrédito.

Así lo afirmaron activistas especializados en el tema, quienes esperan que la propuesta dada a conocer por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, no se trate únicamente de una argucia mediática para quitar presión al gobierno.

Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero, recordó que esta demanda ya había sido formulada por varios movimientos sociales desde el periodo de la llamada guerra sucia, y aunque ahora se ha retomado, eso no es garantía de que se concrete o de que vaya a ser realmente útil. Como medida propagandística el banco de datos se oye muy bien, pero falta ver si funcionará en la realidad, dijo. Si la procuradora, los jueces y todo el sistema judicial sirvieran, todo sería extraordinario y encontraríamos los restos de muchas personas, pero no podemos confiar en que van a hacer un trabajo serio.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló por su parte que, de acuerdo con estimaciones extraoficiales, ocho de cada diez personas asesinadas terminan en la fosa común, por lo que conformar una base de datos al respecto sería de mucha utilidad, siempre y cuando esté bien realizada.