Buenos Aires, 24 de noviembre. El ex dictador Jorge Rafael Videla y los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Albano Harguindeguy, fueron procesados hoy por el asesinato del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en Córdoba el 4 de agosto de 1976, mientras que esta tarde murió en Tucumán el ex general Domingo Antonio Bussi, otro de los emblemas trágicos de la pasada dictadura militar (1976-1983).

Todos ellos, incluido Bussi, fueron condenados por otros crímenes de lesa humanidad en varios juicios a sentencias diversas que incluyen cadena perpetua. Pero Bussi, que estaba en detención domiciliaria por enfermedad, murió hoy a los 85 años.

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera, dispuso la prisión preventiva de Videla, Menéndez y Harguindeguy, por homicidio calificado y asociación ilícita en el caso del asesinato de Angelelli, considerando que el supuesto accidente de tránsito en que murió el religioso fue provocado y por la cantidad de pruebas reunidas los responsabilizó en esta causa.

Otros imputados son el ex policía Juan Carlos La bruja Romero y el comodoro Luis Fernando Estrella, como surge de la misma investigación del supuesto accidente sucedido en Punta de los Llanos, en La Rioja.

En ese mismo año la justicia provincial decidió archivar la causa, a pesar de que ya existían denuncias en el exterior sobre el asesinato del obispo, que desafiaba a los dictadores y había elegido la opción por los pobres.

Los testimonios y denuncias llevaron a reabrir la causa con el retorno de la democracia y ya en 1984 se había calificado esta muerte como un homicidio, pero fue nuevamente archivada cuando se votaron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987) que volvieron atrás lo actuado en los juicios a las juntas.

Finalmente y después de la anulación de las llamadas leyes de impunidad en 2005 y con la reapertura de los juicios, que se desarrollan hasta ahora, esta causa también se reabrió.

En 2010 el juez federal de La Rioja tomó a su cargo la investigación citando a numerosos testigos y reuniendo la probatoria suficiente para establecer que el accidente que costó la vida a Angelelli fue provocado, demostrando además las graves irregularidades y el ocultamiento de pruebas en es causa.

El magistrado pudo constatar la presencia de militares de inteligencia y policías en el lugar en que sucedieron los hechos. Los testimonios fueron cerrando el caso y además monseñor Angelelli estaba reuniendo datos e investigaciones sobre el asesinato durante la dictadura de los sacerdotes Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Wenceslao Pedernera en El Chamical en la misma provincia de la Rioja. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel fue uno de los más activos demandantes del esclarecimiento de este crimen.

Bussi, que fue nombrado por la dictadura el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976, como interventor en Tucumán, se convirtió en el más duro de todos los gobernadores dictatoriales.

Ya en 1975 había estado al frente del llamado Operativo Independencia, una acción de guerra contrainsurgente que dejó miles de víctimas en Tucumán y el noroeste, y que bien había aprendido en la guerra de Vietnam, adonde fue invitado un tiempo por Estados Unidos.

Durante dicho operativo se instalaron en Tucumán los primeros modelos de centros clandestinos de detención y hubo torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y fusilamientos sumarios.

Se le recuerda también porque la noche del 16 de julio de 1977 ordenó una verdadera cacería de mendigos y pobres a los que hizo subir en camiones y trasladarlos y abandonarlos en una zona desierta en la cercana provincia de Tucumán.

Los testimonios de sus víctimas, de sobrevivientes y familiares de los miles de desaparecidos, mostraron que Bussi –que tuvo sus buenas relaciones con la CIA– hacía honor al sobrenombre de carnicero que le habían puesto sus críticos militares. No tuvo piedad ni arrepentimiento alguno. Fue soberbio hasta el final.

Y además disfrutó de la impunidad después de la suspensión de los juicios en 1987, creó un partido y fue electo gobernador de Tucumán e incluso diputado. En los últimos años, los organismos de derechos humanos lograron impedir su llegada al Congreso.

El comienzo de los juicios orales permitió a toda la sociedad conocer a fondo a uno de los personajes más crueles y siniestros de la pasada dictadura, que había sembrado tal terror en Tucumán que incluso perduró durante un buen tiempo de la transición democrática.