La Cámara de Diputados decidió, en un solo acto, desempolvar 3 mil 930 iniciativas rezagadas desde 1997 para tirarlas a la basura. La mesa directiva encabezada por Emilio Chuayffet se acogió al nuevo reglamento del órgano para acordar que las iniciativas no dictaminadas debían ser revisadas por los grupos parlamentarios para que estos definieran cuáles habían caducado, así como las que aún son rescatables. En este último caso se encuentran 130, de las cuales casi la mitad fueron presentadas por Acción Nacional.

La sesión de este miércoles en San Lázaro inició con un quórum de 255 diputados. Chuayffet ordenó a la secretaria de la mesa directiva dar lectura a un oficio aprobado por ese órgano, donde se daba cuenta de que las iniciativas de reforma constitucional no dictaminadas dentro del plazo reglamentario serían desechadas definitivamente por acuerdo de los grupos parlamentarios.

“Las iniciativas seleccionadas se turnarán de nueva cuenta a comisiones, con el objeto de que se inicie el plazo para dictaminar lo que señala el artículo 182, numeral 1, y de 90 días para los casos de reforma constitucional que indica el artículo 89, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados a partir de la fecha de su recepción oficial.

Las iniciativas que no fueron seleccionadas en el plazo establecido en el acuerdo de fecha 13 de octubre del 2011, incluidas aquellas presentadas antes de la 57 Legislatura, se declaran asuntos totalmente concluidos, por lo que se instruye al archivo de los expedientes.

Jaime Cárdenas fustigó tal decisión porque, “en el pasado las iniciativas se enviaban a la congeladora. Ahora con el nuevo reglamento, si la iniciativa no es dictaminada en tiempo y en forma, pues también corre su misma suerte porque se archiva, y entonces lo que demuestra lo anterior, tanto en el esquema previo, como en el vigente es que no se está respetando a los legisladores que presentan iniciativas y la obligación de las respectivas comisiones y de este pleno para dictaminarlas plenamente.

La verdad no estoy de acuerdo. No es correcto que por esta vía se desechen iniciativas, como tampoco es correcto que por la vía del transcurso del tiempo no se dictaminen las iniciativas en tiempo y en forma y después se archivan.

También el priísta Miguel Ángel García Granados presentó una propuesta que hubiera saldado tal determinación. Me ha quedado claro que 3 mil 930 iniciativas han quedado definitivamente concluidas en razón de ese acuerdo tomado por esta soberanía; lo único que quisiera en todo caso es que, en fecha posterior se hiciera la reforma al Reglamento y a la Ley Orgánica, para efecto de que las diversas disposiciones o iniciativas presentadas en una legislatura y no fueran dictaminadas en esa misma, para poder ser analizadas por la siguiente legislatura tuvieran que ser efectivamente ratificadas por quien presentó la iniciativa, y esto le permitiera efectivamente seguir teniendo vigencia.

Las 3 mil 930 iniciativas desechadas forman el rezago de cuatro legislaturas, ubicadas entre los años 1997 a 2007, (sin olvidar que en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la segunda parte del sexenio de Ernesto Zedillo).

Mientras, en la actual legislatura se han presentado 2 mil 806 iniciativas de diputados, senadores, congresos locales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de ellas 30 enviadas por el Ejecutivo Federal (de las que se han dictaminado 22).

También, el pleno aprobó una reforma a la Ley General de Salud, que busca establecer programas y recursos para prevenir enfermedades y epidemias derivadas del cambio climático.

De tal forma, la Secretaría de Salud tendrá como atribuciones el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático, y determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático.

En México, se aduce, hay 23 millones de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente en Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Puebla, estado de México, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, entre otros. Por esto urge establecer mecanismos de prevención de desastres por eventos extremos del clima, así como proyectos de planeación del ordenamiento territorial.