El Congreso de Nayarit aprobó ayer por unanimidad la llamada ley antihalcón, a partir de una iniciativa presentada por la diputada priísta Jocelyn Fernández, a fin de tipificar como delito la vigilancia, acecho y espionaje para interceptar transmisiones de las corporaciones de seguridad pública.

La nueva ley también sancionará el uso de prendas, insignias o distintivos similares a los de agentes policiacos, así como la falsificación o alteración de identificaciones oficiales. De la misma forma, quienes usen en sus automóviles distintivos u otros objetos de uso oficial incurrirán en delito.

La reforma al Código Penal del estado prevé prisión de uno a seis años y multas de 200 a 400 días de salario mínimo a quienes porten uniformes oficiales sin pertenecer a una corporación o intercepten comunicaciones radiales.

Para quienes hagan labores de halcón (vigilante), la pena es de dos a 10 años de cárcel y multa de 200 a 400 días de salario mínimo. Estas sanciones aumentarán hasta en 50 por ciento cuando se trate de adultos que utilicen a menores de edad para perpetrar los delitos mencionados.

Mientras, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Nuevo León aprobó ayer modificaciones a la Ley de Seguridad del Estado para tipificar el halconeo como delito cuando sea cometido por miembros de corporaciones policiacas.

La reforma detalla que se configurará el espionaje cuando integrantes de instituciones de seguridad pública del estado, fuerza civil, policías municipales o corporaciones de tránsito porten equipos de radiocomunicación distintos de los oficiales al momento del pase de lista o en el ejercicio de sus funciones.

El presidente de la Comisión, César Garza, afirmó que el halconeo dejó de ser una falta administrativa para convertirse en un delito que se castiga con prisión de tres a 15 años e inhabilitación de 10 años.