El 4 de enero pasado fueron despedidos ocho funcionarios del Archivo General de la Nación (AGN), algunos de ellos de actividades centrales y acreditados por el Servicio Profesional de Carrera. Debido a la forma en que fueron cesados, al día siguiente interpusieron una queja en el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, hasta el momento, casi 11 meses después de interpuestas las quejas, no les han informado de ningún resultado en las indagatorias que presuntamente inició esa instancia al momento de recibir las quejas.

Nos dicen que está en revisión, que ya mero pasa a firma, pero así nos traen desde hace ya casi un año. ¿Qué podemos esperar de un OIC que no ha entregado resultados, ni de las observaciones que le hizo al AGN la Auditoría Superior de la Federación (por irregularidades en 2009 por 51.1 millones de pesos)?, lamenta Saúl Pérez Salas, quien hasta enero era jefe del Departamento de Archivos Políticos y Sociales, parte fundamental del AGN, porque ahí se concentra la Galería 1, recuento de los documentos de la llamada guerra sucia, expedientes transferidos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Lo mismo que otros empleados de Gobernación, cesados en meses recientes, el punto en común es haber denunciado casos de corrupción de sus superiores.

Y es precisamente a este mismo órgano –dependiente de la Secretaría de la Función Pública– que el Instituto Nacional de Migración remitió a quienes en días pasados (La Jornada, 21 de noviembre de 2011) denunciaron  presuntas prácticas irregulares de sus superiores.

La opacidad y dilación de respuestas a trabajadores –que incluyen obstáculos para recibir hasta su hoja de baja y con ello poder cobrar sus propios ahorros– es constante, y hasta el momento no hay respuesta del OIC, encabezado por Octavio Díaz García de León, quien antes era titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano (similar a oficial mayor) del Cisen.

Otro caso, el de Maximino Sesmas, de la Subsecretaría de Gobierno, despedido el primero de junio, quien también espera respuesta del OIC. Hace casi seis meses levantó su queja.

El día de su despido no se le permitió sacar sus artículos personales, ni siquiera las llaves de su vehículo, por lo que ha promovido quejas y denuncias, tanto administrativas como penales.

De todas las diligencias sólo ha respondido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que inició una averiguación al respecto.

Así como están detenidos los casos de Saúl y Maximino hay otros en los que hay una dilación de varios meses para la emisión de respuestas.