La Presidencia de la República aseguró que de 2008 a mayo de 2011 han ocurrido en el país mil 379 fallecimientos, por presunta rivalidad delincuencial.

En respuesta a una solicitud de información, admite que aún no realiza la actualización de la base de datos de 2011, según se consigna en el recurso 4481/11, recientemente resuelto por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Los estados con mayor número de fallecimientos son: Tamaulipas, 320; Michoacán, 218; Nuevo León, 194; Chihuahua, 145, y Jalisco, 99.

Las otras entidades con muertes por la misma causa son: Baja California, 73; Sinaloa, 72; Guerrero, 61; Oaxaca, 61; Veracruz, 38; Chiapas, 31; Tabasco, 21; Sonora, 16; Colima, 14; Nayarit, 14, y Morelos, dos.

Según la respuesta de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, los datos de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora son de 2009-2010; en Guerrero y Morelos, de 2008-2011; Colima, Jalisco y Nayarit, 2009-2010, y en Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, de 2010 a 2011.

El solicitante pidió a la Presidencia la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, con cortes semanales, desglosada por tipo de enfrentamiento (contra la autoridad, entre delincuentes y agresiones hacia la autoridad). También se pidió la información por municipio, de diciembre de 2006 a agosto pasado.

La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional remitió al blog del vocero de la presidencia (www.presidencia.gob.mx/el-blog/el-tercer-mito-falso-que-la-presidencia-de-la-autoridad-detone-sistematicamente-la-violencia#more-67458), donde sostiene que no hay fundamento que asegure de manera sistemática que las detenciones o abatimientos de liderazgos criminales detonen la violencia. Asimismo sostiene que las causas de la violencia criminal anteceden al gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con el expediente del Ifai, las autoridades entregaron la información de la manera más cercana posible a lo solicitado por el particular, tras advertir que “las dependencias y entidades no están obligadas a tener documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información”, según se desprende del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello confirmaron la respuesta de la Presidencia, en el sentido de que dio acceso a la información requerida por un ciudadano.