ras siete años de litigio, el día de mañana la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el proyecto de dictamen sobre el amparo directo 28/2010 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea acerca del caso que llevó a La Jornada a demandar por la vía ordinaria civil a la revista Letras Libres. Vale la pena detenerse en el proyecto aludido y sus implicaciones. El origen del agravio está en el texto Cómplices del terror, firmado por el entonces subdirector de Letras Libres Fernando García Ramírez y publicado en Letras Libres en marzo de 2004. Pese a que La Jornada envió una carta a la revista aludida, en la que se demandó que probara lo dicho o, en su defecto, se retractara, la misma no aportó prueba alguna, mucho menos se retractó. En el artículo se cuestionó a La Jornada sobre “el acuerdo de colaboración firmado con Gara, periódico del brazo político de ETA” (Euskadi Ta Askatasuna), colocándolo, como encabezó el texto, en carácter de cómplice de la banda terrorista vasca. El autor preguntó: “¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Para finalizar calificó dicho acuerdo de “variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica el periodismo en México, esperemos que no por mucho tiempo”.

Estas tres últimas líneas merecían un análisis distinto al que realiza en su proyecto de dictamen el ministro Zaldívar, el cual argumentó ampliamente sobre el sentido que compartimos y defendemos en torno a la libertad de expresión bajo la lógica de derechos que se encuentran en pugna: el relativo al honor y la reputación y el que garantiza la libertad de expresión, para concluir que en este caso el segundo debe imperar sobre el primero, trivializando el enfoque sobre las calumnias graves contenidas en el texto impugnado que afectan el honor del periódico La Jornada. Cuando por fin aterriza en el texto impugnado, señala que si bien García Ramírez empleó expresiones desabridas y de mal gusto y que resulta evidente la exageración utilizada en el texto, la cual podría resultar sumamente desagradable, el tono empleado se encuentra justificado por su propósito de causar impacto entre los lectores, de modo que una eventual condena inhibiría el debate abierto sobre temas que, como éste, son de interés público. Concluye que no es lo suficientemente insultante o desproporcionado y que “las expresiones utilizadas en la columna ‘Cómplices del terror’ se encuentran amparadas constitucionalmente”. Y respecto a la virtual acusación que vincula al periódico con el delito grave , especialmente a partir del 11 de septiembre de 2001, esto es, la llamada lucha contra el terrorismo internacional, simplemente se limita a afirmar que no se configura dicho delito tal como está tipificado. Queda fuera del análisis la difamación y la calumnia, expresada en la revista demandada, ya no sólo respecto al supuesto acuerdo, sino que concluyó, como anotamos arriba, con la descalificación al periódico La Jornada y la amenaza entre líneas. No le mereció reflexión al ministro ponente el hecho de que la calumnia en el ámbito civil se da cuando se realiza la falsa imputación de un delito doloso o una conducta criminal dolosa y la injuria como el descrédito y deshonra de otro. En su férrea defensa de la libertad de expresión no se realiza la distinción previa entre afirmaciones de hechos sujetos a la calificación de verdaderos o falsos, en contraposición a la manifestación de opiniones. Cuando la Corte atrajo el amparo ofreció precisar criterios en el caso en que esos derechos confrontados sean ejercidos por medios de comunicación y si también resulta afectado el derecho a la información de los terceros que consultan esos medios.

No hay tal en el proyecto referido; al contrario, su aprobación implicaría la reafirmación de la calumnia cuestionada sobre el periódico La Jornada, pues el texto publicado en Letras Libres descalifica al periódico en su conjunto, cuando inició supuestamente cuestionando un acuerdo. Con ello se afecta a las y los accionistas, a quienes colaboramos en la sección de Opinión, a todas y a todos quienes laboran en el periódico y en especial a los movimientos sociales y su amplísima gama de lectores. Por fortuna La Jornada es de los pocos espacios que puntualmente acompañan procesos y temáticas que de otra manera permanecerían invisibles; las y los ministras(os) deberán dar cuenta de ello; en este proceso legal hay terceros perjudicados que no están acreditados. ¿No les dice nada que el periódico ha transitado en su defensa por instancias y procesos legales sin realizar en sus páginas la manipulación informativa que acusó el texto publicado en Letras Libres? Esperamos la modificación de fondo al proyecto Zaldívar y deseamos que La Jornada continúe por mucho tiempo honrando al periodismo independiente.