Frente a la violencia que vive el país, urge la implementación de un sistema federal integral de justicia penal para adolescentes que se enfoque a la creación de tribunales especializados y centros de internamiento adecuados, además de la elaboración de medidas alternativas de detención para menores en conflcito, con la ley y capacitación y especialización de los jueces, señaló Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Entrevistado en la presentación del informe La infancia cuenta en México 2011, precisó que el 4 de diciembre pasado el Senado turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Humberto Benítez Treviño, una propuesta de ley de justicia para adolescentes, pero todo está parado, por eso la Redim solicitó una reunión con él; sin embargo, no hemos obtenido respuesta.

La propuesta de ley, en “términos generales –detalló– tiene avances interesantes” que permitirían salvaguardar algunos derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Por ejemplo, considera, explícitamente la privación de la libertad como última medida y por el menor tiempo posible. Sin embargo, reconoció que incluye aspectos que debe-rían revisarse.

Agregó que no diversifica las medidas alternativas a la privación de la libertad; esto significa que antes de considerar el encierro se deben buscar otras formas de resolución. En la propuesta sólo están limitadas a tres o cuatro, y el otro aspecto preocupante es que para ciertos casos se incrementan los periodos de internamiento y en la actualidad a nivel federal el máximo es de cinco años.

El director de la Redim lamentó que en las presentes circunstancias de violencia la representanción social que se tiene de la adolescencia siga siendo negativa, pues se tiende a considerarla como predelincuente, lo cual se aleja de la realidad, pues de todos los delitos que se cometen en el país, los vinculados con ese sector de la población no superan cuatro por ciento.

Subrayó que tampoco la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley se involucra en ilícitos federales, sino que lo hacen en una lógica de robo por sobrevivencia, el cual está claramente focalizado en lugares de exclusión, por lo cual remarcó que casos como el de “El Ponchis son anecdóticos, no son la regla. Como dijimos, no íbamos a tener cientos de casos de este tipo”.

Criticó la cobertura del caso, para encenderlo y alimentarlo, y así dar la impresión de que los adolescentes se están sumando copiosamente al crimen organizado. Precisó: obviamente, hay un incremento de jóvenes que cometen delitos de orden federal, pero están en proporción con las estadísticas globales, porque también hay un incremento de adultos que cometen estos ilícitos.