El gobierno federal debe ofrecer disculpas a la familia Radilla por realizar un acto de desagravio por la desaparición forzada de Rosendo Radilla sin la presencia de sus deudos, coincidieron el presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria y el ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Concha Malo y Jorge Carpizo McGregor, respectivamente.

Entrevistado en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Miguel Concha calificó como un despropósito, un ultraje y una nueva victimización de los agraviados llevar a cabo dicho acto sin su presencia y advirtió que dicha acción fomenta la confrontación entre los defensores de derechos humanos del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, ya que no todos han sido lo valiente que la familia Radilla en torno a las violaciones a las garantías fundamentales en esa localidad, lo que aprovecha el gobierno para generar divisiones.

De su lado, Carpizo McGregor, dijo que se trata de una falta de sensibilidad política, en la que pierde el Estado mexicano y la causa de los derechos humanos, por lo que hizo un llamado al gobierno a cumplir con los 11 puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Radilla como muestra de voluntad.

En tanto, las más de 70 agrupaciones integradas en la red Todos los derechos para todos y todas consideraron que tal como se llevó a cabo el acto el pasado jueves, se expuso a los familiares de Rosendo Radilla a una nueva victimización.

Para Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, el Estado mexicano ha dejado pasar una oportunidad importante para aliviar el dolor de las víctimas y recuperar frente a ellas la confianza institucional necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía que la familia Radilla Pacheco ha tenido que recorrer para encontrar justicia.

Si bien, el organismo internacional celebró la disposición del Estado para dar cumplimiento a la medida de reparación, también hizo un llamado a las autoridades mexicanas para dar prioridad al cumplimiento cabal y diligente de las sentencias de la CIDH.

El organismo internacional emitió la sentencia del caso Radilla en 2009 y fue la primera de varias contra el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército y también la primera por desaparición forzada.