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Los presionan con el cierre de una escuela primaria y suspensión del suministro de agua

Colonos de Toluca rehúsan vender sus casas para ampliar aeropuerto

Las compraventas han sido ilícitas porque son tierras ejidales, afirman

Autoridades advierten sobre una eventual expropiación

Las operaciones en la terminal se han desplomado más de 50%

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Despegue de un avión comercial en el aeropuerto internacional de Toluca. Al fondo, los barrios que se niegan a ser arrasados para ampliar la terminalFoto MVT
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Viviendas demolidas para ampliar el aeropuerto de Toluca. Un grupo de vecinos se resiste a vender sus tierras ejidalesFoto Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 17 de noviembre de 2011, p. 36

Toluca, Méx., 16 de noviembre. Cada 10 minutos la casa de Francisca se cimbra. Pero no por ello está dispuesta a vender su vivienda, una de las que aún quedan en los barrios de San Francisco y Guadalupe, en San Pedro Toltoltepec.

Su casa está a 50 metros del aeropuerto internacional de Toluca y es de las más cercanas a la alambrada que separa la terminal del ejido. Este año los ocho vecinos de Francisca han vendido. De sus propiedades sólo quedan restos de pisos o cimientos.

Los dos barrios, asentados en 350 hectáreas, parecen destinados a desaparecer. En la zona suman más de 150 viviendas demolidas para construir el segundo edificio y otra pista del aeropuerto de Toluca. Quienes todavía viven ahí están preocupados. Cada semana ven cómo una familia es presionada para vender.

El esposo de Francisca puso dos mantas frente a su hogar: San Francisco Totoltepec no se vende. Se fortalece. Rogelio, quien vive a tres calles de Francisca, señala que mucha gente ha vendido por las constantes amenazas de que un día llegará el Ejercito a sacarlos, o que les expropiarán y les pagarán menos de lo que les ofrecen ahora.

A muchos no les parece una medida lejana. Quienes desean sus tierras les han hecho sentir su poder: consiguieron que cerraran la escuela primaria al inicio del ciclo escolar pasado, y ahora, que les cortaran el agua.

Otros vecinos, al igual que Francisca y Rogelio, señalan que no permitirán más privaciones porque –dicen– no hay decreto que avale el despojo y menos una autorización del núcleo ejidal para la venta de tierras.

Las compraventas que se han dado, aseguran, son ilícitas, pues se han dado al amparo de una asamblea de 2008 en la cual sólo se aprobó que cuatro hectáreas dejaran de ser ejido para ser objeto de transacción, pero no se otorgó el dominio pleno sobre las 350 hectáreas donde se pretende ampliar el aeropuerto, explica Eusebio, quien también se niega a vender sus tierras y cuenta con un amplio expediente de documentos con el cual pretende probar ante instancias internacionales el despojo de tierras.

El grupo más reacio a abandonar sus tierras y casas, formado por unas 100 familias, ha peregrinado por instituciones públicas para saber si hay un nuevo decreto expropiatorio y si la adquisición de tierras ejidales ha sido legal.

En 2009 obtuvieron un documento mediante el cual Julio Virgen, entonces delegado de la Procuraduría Agraria en el estado de México –hoy representante de un despacho que se encarga de la compraventa de tierras en la zona– admite que al no haber decreto expropiatorio no procede transacción alguna porque las tierras siguen siendo zona ejidal.

En mayo la Secretaría de Gobierno firmó otro documento que señala que tampoco había expropiación en curso ni intenciones de afectar la zona.

Sin embargo, el 18 de agosto, cuando se disponían a inscribir a sus hijos en la escuela primaria de la comunidad, les informaron que el plantel había cerrado y las autoridades les garantizaron espacio para sus hijos en la nueva escuela, edificada a cuatro kilómetros de sus viviendas.

Molestos, algunos pobladores se opusieron al cierre del plantel, que será demolido, pero muchos aceptaron cambiar a sus hijos a cambio de un bono de 6 mil pesos que ofrecieron las autoridades.

Unos 40 padres de familia presionaron para que la escuela de San Francisco no cerrara y la autoridad tuvo que mandar a un profesor para que atendiera a más de 35 alumnos de diferentes grados. Los padres también montan guardia fuera del plantel todos los días para evitar que cierre.

Alejandro Argudín, director general de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, órgano al cual se concesionó la operación de la terminal aérea por 99 años, asegura que ya se ha adquirido 80 por ciento de la superficie de estos barrios, con procesos apegados a la legalidad y en negociaciones directas con los propietarios.

Apunta: Quien no quiera vender, que no venda, pues por ahora el aeropuerto sólo está adquiriendo tierras de reserva para la eventual tercera etapa, que está retrasada al menos dos años por la baja de las operaciones en la terminal.

El funcionario no descarta una expropiación para hacerse de la superficie requerida; en ese caso la gente obtendrá menos de lo que ahora le dan.

Paradójicamente, las operaciones de la terminal aérea –que en 2005 se sumó a un plan para aliviar la saturación del aeropuerto de la ciudad de México– han disminuido drásticamente en los 18 meses recientes, de 350 operaciones diarias a 150, porque con la salida de Mexicana y Aeromar del mercado varias líneas de bajo costo que operaban en Toluca se mudaron a la terminal capitalina.

Mientras, la casa de Francisca sigue temblando cada 10 minutos.