La ausencia de participación ciudadana en la autorización del proyecto turístico Cabo Cortés, colindante con el parque nacional Cabo Pulmo en Baja California Sur, y el incumplimiento del gobierno federal de las regulaciones ambientales, fueron los planteamientos que hicieron ayer organizaciones ambientalistas a la misión internacional que desde el lunes está en México para evaluar si ese plan puede causar daños al arrecife.

Ayer por la tarde en La Paz se realizó una reunión en la que participaron el experto en patrimonio natural de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Marc Patry; la consejera para las Américas de la Secretaría Técnica de la Convención sobre Humedales (Ramsar), María Rivera, y el vicepresidente de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Allen Putney, con representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace, Aida, Niparajá, WildCoast y Pronatura, entre otras.

Esta visita es histórica y no es para felicitar al gobierno mexicano, ya que la misión está preocupada por Cabo Pulmo, que corre un riesgo innecesario por una decisión del gobierno mexicano que contraviene su compromiso con la Unesco, ya que el sitio es patrimonio natural de la humanidad, explicó Agustín Bravo, del Cemda.

Detalló en entrevista telefónica, que las organizaciones pusieron sobre la mesa las deficiencias del proceso de participación pública en el proceso de autorización, porque no se realizó la consulta pública que ordena la legislación ambiental.

Indicó, asimismo, que expresaron que con la autorización fragmentada del plan, únicamente se tomaron en cuenta las obras del proyecto, pero se dejó fuera la evaluación del impacto que puede tener para el arrecife el hecho de que este desarrollo turístico implica la construcción de una ciudad, para la cual no hay planeación urbana.

Agregó que ante la cerrazón del sector ambiental que no los escucha, a nivel internacional pueden abrírseles los ojos sobre lo que pasa. Los gobiernos estatal y municipal han mostrado desinterés por el tema, e incluso ayer el gobernador de Baja California no asistió al encuentro que tenía programado con el grupo de expertos internacionales.

A su vez, Alejandro Olivera, de Greenpeace, dijo que la misión mostró interés en las concesiones de agua y la legislación mexicana. Lo relevante es que escucharon la solicitud de que Cabo Pulmo se incluya como patrimonio en riesgo en la Unesco y la convención Ramsar.

Por su parte, la empresa que impulsa Cabo Cortés, Hansa Baja Investments, señaló en un comunicado que la visita de esta misión representa la oportunidad de demostrar a éstas y otras organizaciones ambientales que es un proyecto sustentable, probado mediante estudios de tipo ecológico y que no afectará en absoluto de manera negativa a Cabo Pulmo, sino al contrario, será un aporte importante para su conservación, mantenimiento y mejora.