El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso definitivo para validar la constitucionalidad del decreto presidencial que adelanta el apagón analógico de 2021 a 2015.

En la sesión de ayer, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia desempató la votación del pasado jueves (cinco a cinco) respecto a si la disposición del Ejecutivo federal impugnada por el Congreso de la Unión es una norma general (ley) o un acto administrativo. Ortiz consideró que es una ley y, con ello, las posibilidades de que se junten los ocho votos necesarios para invalidar el decreto promulgado el 2 de septiembre del año pasado son prácticamente nulas.

Si el ministro hubiera votado que se trataba de un acto administrativo, habría bastado una mayoría simple de seis votos para declarar la invalidez.

En la sesión, tres ministros (Ortiz, Sergio Aguirre y Sergio Valls Hernández) ya se manifestaron en contra del proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero, el cual plantea que el Ejecutivo federal invadió la esfera de competencias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), toda vez que ésta, de acuerdo con la legislación vigente, tiene la facultad exclusiva para fijar políticas públicas en materia de radio y televisión.

Falta que uno más de los seis integrantes que no fijaron su postura se pronuncie en contra del proyecto, para que el decreto emitido por Felipe Calderón que adelanta la transición digital de la televisión y crea una comisión intersecretarial para tal efecto cobre vigencia de inmediato.

En octubre del año pasado, Sánchez Cordero concedió la suspensión solicitada por las cámaras de Diputados y Senadores para que no entrara en vigor el citado decreto, hasta que la Corte determinara su constitucionalidad; después, la primera sala de la Corte, con el voto de la ministra, José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar, ratificó la suspensión con el voto en contra de Ortiz y Jorge Pardo Rebolledo.

Sánchez Cordero argumentó que la Ley de Radio y Televisión otorga autonomía técnico-operativa, de gasto y de gestión a la Cofetel, y que el Congreso refrendó esa exclusividad en materia de radiodifusión cuando reformó dicha norma –en el artículo 9-A–, de manera que le está vedado al Ejecutivo federal el ejercicio de esas atribuciones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dada la condición de total autonomía de la que se ha dotado a la Cofetel.

Cossío agregó que el presidente de la República también tiene que acatar lo que dicen las disposiciones legislativas, con independencia de si funcionan bien o mal las comisiones (como la Cofetel).

Ortiz Mayagoitia, en cambio, consideró que en 2004 (año en que Vicente Fox promulgó un decreto que preveía el apagón analógico para 2021) se trazó una política sobre el apagón analógico y que la intención de Calderón de consumar aceleradamente la transición digital estaba acorde con esa política.