El secretario de medio ambiente, Juan Elvira Quesada, justificó la operación irregular de la trasnacional Sempra Energy en la zona ecológica de Ensenada, Baja California. Tal postura resultó errática para las diputadas del PRD y PRI, quienes cuestionaron las inconsistencias, la desinformación y la violación a las leyes mexicanas que realiza la empresa estadunidense a la que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha favorecido con permisos para instalarse en sitios protegidos por la ley.

Araceli Vázquez (PRD) y Susana Hurtado (PRI) reclamaron información al funcionario que a lo largo de un año ha justificado la instalación de la gasera, a pesar de que ésta modificó –motu proprio– el estudio de impacto ambiental en el papel, pero no reubicó los tanques de almacenamiento de gas licuado natural, consintiendo con ello que el riesgo para la zona no variara.

Vázquez reclamó las inconsistencias en que incurrió la dirección general de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat, al emitir la autorización a favor de Sempra: “Se detectaron inconsistencias en la consulta pública, la población no tuvo oportunidad de analizar la manifestación de impacto ambiental; por ende, la información no estuvo disponible; no se publicó en la gaceta la solicitud de impacto ambiental, omitió las observaciones emitidas por la dirección de desarrollo urbano del municipio de Ensenada; no atendió la recomendación girada por la dirección jurídica de la Semarnat; se dio un cambio de uso de suelo de terrenos forestales a uso industrial.

Quisiera preguntarle, señor secretario, si se fincó alguna responsabilidad a estos funcionarios, ya que es delicada la conducta asumida, sobre todo si consideramos que se están construyendo otros proyectos y se corre el riesgo de que esta misma situación se dé en otros proyectos.

La diputada perredista recordó que la Comisión de Medio Ambiente –encabezada por Ninfa Salinas– integró una subcomisión para investigar a Sempra Energy en su dudoso actuar en México y descubrió “un cúmulo de anomalías consistentes en incompatibilidad en el uso del suelo, insuficiencia en la zona de amortiguamiento, afectación a la población de Bajamar y, en el caso de escenario de una explosión, lógicamente la población está expuesta. Además el estudio de riesgo de la manifestación de impacto ambiental no coincide con el de la empresa especializada Cicap, donde se documenta que no se reubicaron los tanques de almacenamiento; la autorización presenta 44 condicionantes.

Nos preocupa que esta situación se presente en dos estados de la República, como en su oportunidad se nos comentó que en Tamaulipas Sempra construye una regasificadora, y quisiera dejar asentada la preocupación del PRD, dada la afectación en Baja California, y también quisiera traer el tema para que se nos informe cuáles son las condiciones por las que Sempra Energy opera en otro estado de la República.

Las respuestas de Elvira fueron lacónicas al justificar su quehacer en torno a Sempra: En este sentido no tenemos ninguna presión de los empresarios ni del gobierno del estado ni del gobierno municipal ni hemos eliminado ningún ápice de la ley para otorgar los permisos que se tienen. Sí me gustaría estar con ustedes explicando esta situación para dar fe, con mucha claridad de lo que estamos haciendo, pero hemos respetado hasta el final la ley y hemos buscado que no se afecte absolutamente a nadie, pero sí darles información totalmente clara.

En otro tema, el funcionario dijo en entrevista, y más tarde frente a legisladores, que ya son 19 estados del país con problemas (medios, graves y excepcionales) de sequía, por lo que solicitó a la Comisión de Medio Ambiente apoyo para reformar las actividades en el uso de suelo en zonas agrícolas afectadas a consecuencia del cambio climático.