El presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, denunció que el gobierno federal, con el de Baja California Sur, otorgó el contrato de adjudicación directa a la constructora ICA para edificar el Centro de Convenciones del G-20, con un sobreprecio de 300 millones de pesos.

El legislador adujo que el citado foro se convertirá en la nueva estela de opacidad y corrupción del gobierno federal. Después de una supuesta licitación que se declaró desierta, se adjudicó sin transparentar el proceso. Es una situación muy grave y a todas luces irregular, porque además de adjudicar de forma directa, la obra se cobrará con un sobreprecio de 300 millones de pesos, repuso.

Recodó que la obra se adjudicó con ese sobreprecio por encima de empresas que cotizaron en 500 millones de pesos, como Prodemex-Planet, y por tal razón ambos niveles de gobierno se alejaron de los principios de austeridad, de honestidad y de imparcialidad.

El grupo ICA cotizó en 847 millones de pesos la obra, y “lamentablemente se ha confirmado lo que aquí anunciamos de manera preventiva el mes pasado. Un proyecto que nació viciado, rodeado de múltiples problemas, empezando por el paso de institución tras institución para poder efectuar el proyecto. Primero, Relaciones Exteriores, luego Turismo, después Fonatur, para terminar en el gobierno de Baja California Sur, y en todo este tránsito acompañados por Hacienda. La verdad no se puede ocultar esta gran simulación.

Exigimos tanto al gobierno federal como al de Baja California Sur subir a sus portales de Internet, de manera inmediata, el acta de adjudicación. No se puede seguir ocultando información.