Grandes intereses de inversionistas nacionales y extranjeros en la madera, la biodiversidad y ahora la explotación de la riqueza forestal en los mercados internacionales de carbono son las que impiden una solución al conflicto entre indígenas y campesinos de Chimalapas, Oaxaca, y de varios ejidos chiapanecos, que puede derivar en un más grave conflicto social que el ya existente en la región, informaron autoridades de la comunidad indígena zoque de San Miguel Chimalapa (SMCH) y dirigentes de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca).

En conferencia de prensa afirmaron que el gobierno del estado de Chiapas ha fabricado e inventado una serie de delitos graves en contra de los comuneros zoques para criminalizar su lucha en defensa de su territorio y recursos naturales, sobre los cuales tienen títulos virreinales de 1687, acusándolos de que hay grupos paramilitares, asociación delictuosa y delincuencia organizada entre los comuneros y calificando como secuestro el arraigo comunitario dictado por la asamblea comunitaria conforme a sus usos y costumbres, contra el ganadero Jorge Humberto Luna Salinas, desde el pasado día 4, porque, dijeron estaba alterando el orden y agrediendo a los comuneros Chimalapa.

El presidente del comisariado de bienes comunales de SMCH, Alberto Cruz Gutiérrez; los representantes de los poblados de San Antonio, Nicolás Mondragón, y de Benito Juárez, Claudio Martínez; Olegario Carrillo, dirigente nacional de Unorca, y Ceyla Cruz Gutiérrez, abogada del citado comisariado, urgieron una intervención por parte de las autoridades federales de las secretarías de la Reforma Agraria y de Medio Ambiente, así como de los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca para solucionar en forma pacífica y definitiva este conflicto que data de hace 60 años, respetando el territorio de las comunidades Chimalapas, que no se vende.

Subrayaron, sin embargo, la disposición de los comuneros Chimalapas para reanudar el proceso de conciliación comunitaria directa, que consiste en que los campesinos chiapanecos asentados en territorio comunal se reconozcan como comuneros Chimalapas, sin dejar de ser chiapanecos o tzotziles, sin tener que volverse oaxaqueños, como lo ha afirmado el gobernador chiapaneco Juan Sabines, porque, recordaron, el derecho agrario permite que una comunidad o ejido sobrepase los límites estatales.

De lo contrario, indicaron, el dinero ofrecido por la SRA para comprar las tierras chimas debe utilizarse para reubicar en otro lugar los cuatro ejidos chiapanecos creados sobre unas 8 mil hectáreas de San Miguel.

Criticaron el anuncio que Sabines hizo hace un par de días de que se creará un nuevo municipio con los ejidos en conflicto: Gustavo Díaz Ordaz y Rodulfo Figueroa, porque eso agrava la tensión, y censuraron la negligencia del gobierno de Oaxaca y del gobierno federal para cumplir los acuerdos firmados en 1993, que incluían la citada conciliación de campesino a campesino, para solucionar definitivamente el conflicto en los Chimalapas.

Cruz Gutiérrez aseveró que el arraigado ganadero Luna Salinas está siendo bien tratado, es falso que esté siendo torturado, y que en entrevista con diversos medios y ante visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca que es su libre voluntad permanecer en la comunidad y unirse a la lucha de la comunidad zoque chimalapa para la resolución definitiva del problema.