Grupo Salinas reiteró que las concesiones otorgadas a Nextel como resultado de la licitación 21 no estuvieron apegadas a derecho e indicó que ese es el fondo del asunto por resolver en cualquiera de los 15 recursos legales que siguen vigentes, por lo que la revocación de la suspensión dictaminada por el Poder Judicial de la Federación no afecta al resto de los procedimientos, y mantiene a Nextel en la imposibilidad de explotar el espectro.

Al resolverse el fondo del asunto, señaló la representación legal de Grupo Salinas, se confirmará que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le entregaron a Nextel espectro “a precio de ganga, y se verá que todos los sectores que se manifestaron en contra de la licitación estaban en lo correcto.

Grupo Salinas señaló que la revocación dictada por el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa no incide en la resolución del fondo del asunto debido a que por lo menos hay 15 recursos legales en curso, entre ellos amparos que se han ampliado a lo largo de más de un año de impugnaciones en contra de cada una de las etapas de la licitación 21

El fondo del asunto consiste en que Grupo Salinas afirma que las concesiones otorgadas a Nextel no fueron ajustadas a derecho, las cuales, en caso de que dichos procedimientos fuesen procedentes nulificarían todo el proceso de licitación sin importar la existencia o no de una suspensión, porque en todo caso se estaría resolviendo la invalidez de la entrega de la concesión a Nextel, con lo que se confirmaría lo que académicos, legisladores, especialistas de telecomunicaciones y la propia industria denunciaron: a Nextel se le entregó espectro a precio de ganga y la Cofetel, la Comisión Federal de Competencia y SCT diseñaron las bases de la licitación para favorecer única y exclusivamente a un competidor: Nextel.

En sentido contrario Nextel señaló que la revocación de la suspensión definitiva resuelta el pasado 7 de noviembre por el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa confirma la legalidad absoluta del proceso en el que Nextel de México ganó los títulos de concesión y reconoce el beneficio social de la competencia a favor de los consumidores.

La empresa que pagó 180 millones 300 mil pesos por 30 megahercios (Mhz) de la banda de 1.7 gigahercios (Ghz) argumentó que al revocar la suspensión definitiva que un juzgado de distrito en Toluca, estado de México, concedió en octubre de 2010 a Telecomunicaciones del Golfo, filial de Iusacell, los magistrados resolvieron que existe causa de orden público e interés general para que Nextel de México explote el espectro ganado en cumplimiento de sus títulos de concesión.

El abogado de Grupo Salinas, Francisco Borrego, sostiene que a un año de haber obtenido la concesión Nextel no ha cumplido con los compromisos de inversión para el desarrollo de una red para ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles de tercera generación. Nextel dice que trabaja en el despliegue de la nueva red y el diseño de nuevos servicios, para lo que invertirá 19 mil millones de pesos en infraestructura, amén de que pagará derechos por 18 mil millones de pesos al gobierno federal.