La Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ordenó ayer a los titulares de las secretarías de Educación, Mario Delgado Carrillo; Desarrollo Económico, Laura Velázquez Alzúa; Turismo, Alejandro Rojas Díaz Durán, y Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, retirar toda la propaganda política que tienen desplegada en las calles de esta ciudad, para lo cual les fijó un plazo de 48 horas.

De desatender esa resolución, indicó, se tomará como agravante al momento de resolver la queja o procedimiento especial sancionatorio que atienden los consejeros electorales en contra de esos funcionarios públicos.

Tras darse a conocer el ordenamiento, los funcionarios del gobierno capitalino, con excepción de Mario Delgado, manifestaron su disposición a acatarlo.

En semanas recientes, la citada comisión rechazó la exigencia de la diputada federal del PAN, Gabriela Cuevas, de que se dictaran medidas cautelares para que esos servidores públicos retiraran la propaganda electoral en tanto se resuelve de fondo la querella que interpuso por actos anticipados de campaña y por violar el artículo 134 constitucional, que tiene que ver con el uso de recursos públicos y la propaganda institucional.

Esa situación ocasionó que la legisladora se inconformara ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, mismo que el pasado viernes ordenó al IEDF reconsiderar su fallo, el cual ayer se atendió.

En la resolución de la Comisión de Asociaciones Políticas –aprobada por dos votos en favor, de los consejeros Yolanda León y Fernando Díaz Naranjo, y uno en contra, de Néstor Vargas– también se instruyó a diversas direcciones distritales del IEDF realizar, dentro de las 48 horas siguientes a que se agote el plazo fijado, un recorrido para constatar el retiro de los elementos publicitarios de esos funcionarios del gobierno local.

De acuerdo con el consejero electoral Néstor Vargas, ya dictadas las medidas cautelares para que se retire la propaganda de esos cuatro servidores públicos, se continuará con la queja de la diputada panista, y si antes de resolverla de fondo se confirma que los secretarios no la retiraron, se tomará como agravante en el procedimiento especial sancionatorio, próximo a resolver.

Mirón Lince, Velázquez Alzúa y Rojas Díaz Durán aseguraron que las carteleras aparecidas hace unas semanas en diversos espacios públicos fueron colocadas por organizaciones sociales y civiles que simpatizan con su trabajo, por lo cual no corresponde a nosotros quitarlas, sino a ellos, como han hecho en la mayoría de los casos.