Hermosillo, Son., 4 de noviembre. La empresa Constructora del Desierto cayó en desacato debido a que hoy reinició la edificación del acueducto Independencia, a pesar de que la noche del jueves fue notificada del amparo que hace tres semanas concedió la jueza octava María del Rosario Alcántara Trujillo, a los agricultores del municipio de Cajeme contra la obra.

Erick Bustamante Espinoza, juez décimo de distrito con sede en Hermosillo, informó hoy que junto con 16 policías federales atendió el jueves por la noche la petición que le hizo Alcántara Trujillo, con sede en Ciudad Obregón, para notificar a los constructores que debían detener las obras.

Señaló que las notificaciones se realizaron en varios tramos del acueducto, de 130 kilómetros (del municipio de San Pedro de la Cueva a Hermosillo), en los sitios donde laboraban más de mil obreros, los cuales pararon al recibir la notificación.

Sin embargo, este viernes los obreros volvieron a sus labores, pero el juez señaló que a él ya no le correspondía detenerlos, pues cumplió con su labor al notificarles la decisión de la jueza, quien hace tres semanas determinó otorgar un amparo a los agricultores del municipio de Cajeme,

El 13 de octubre, el juzgado octavo de distrito, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, otorgó la suspensión definitiva, por conducto de sus representantes legales, a la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, que alega que la obra los dejará sin dotaciones de agua para el cultivo, por lo cual interpusieron varias demandas de amparo.

En agosto de 2010, Ramón González Espinoza y Luis Armando Corrales Espinoza, presidente y tesorero de esa asociación, respectivamente, promovieron un amparo contra la licitación de la obra, cuya construcción inició en diciembre pasado. La jueza Alcántara Trujillo, otorgó la suspensión provisional el 31 de agosto pasado a los quejosos, en el proceso de amparo que se sigue bajo el expediente 865/2010 y en diversas ocasiones ordenó suspender la obra.

La construcción hidráulica, que entraría en operaciones el verano de 2012, tiene una inversión proyectada de 3 mil millones de pesos e inició en diciembre de 2010; tiene 50 por ciento de avance.

Según especialistas en amparo, dentro del expediente 865/2010 aún falta resolver el fondo del asunto, en el que se debe determinar si se niega o concede el amparo, por lo que este caso no está concluido.