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Activistas repudian que se trate a mujeres como desquiciadas

Proponen en Puebla permutar cárcel por tratamiento médico en caso de aborto
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 4 de noviembre de 2011, p. 38

Puebla, Pue., 3 de noviembre. El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas propuso al Congreso local una iniciativa de ley mediante la cual se permitiría permutar la pena corporal que recibe una mujer al abortar de forma voluntaria por una multa y tratamiento médico integral en caso de que sea la primera vez que incurre en esa práctica.

El proyecto legislativo, que se turnó a comisiones para su análisis, mantiene la sanción de seis meses a un año de prisión de existir reincidencia.

Asimismo, un juez determinará la institución de salud pública en la que se otorgará el tratamiento médico integral, que comprenderá la concientización de la mujer sobre la afectación al bien jurídico tutelado, el cual tendrá una duración de entre un mes y un año; así como el monto de la multa, que puede ir de 50 a 500 días de salario mínimo.

El Ejecutivo presentó la propuesta dos años después de que los diputados modificaron la Constitución de Puebla para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Feministas censuraron la propuesta, pues sostuvieron que la atención médica catalogaría a las mujeres que deciden abortar como desquiciadas, ya que el tratamiento propuesto se aborda en un capítulo del Código de Defensa Social del estado, que toca el tema de internación de enfermos mentales.

El gobierno del estado pretende tratarnos como unas dementes, como si fuéramos pequeñas mujeres irracionales, sin inteligencia y sin capacidad para tomar decisiones sobre lo que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, reprochó Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia, quien exigió al Congreso impedir la aprobación de esta ofensa.

La priísta Malinalli García Ruiz, quien en 2009, cuando era legisladora local, se opuso a la reforma constitucional contra el aborto, comentó: Puebla necesita de políticas públicas integrales para atender este problema de salud pública y prevenir embarazos no deseados, no de reformas discriminantes que sólo parchan nuestra legislación, y reprobó que la iniciativa criminalice al género femenino al centrar las sanciones en la mujer.